La jueza desestima el nombramiento de un interventor en el Málaga

La jueza desestima el nombramiento de un interventor en el Málaga

La defensa de la familia Al Thani solicitó en varios escritos al Juzgado que Shaheen, volviera al club malagueño para controlar la actividad del administrador judicial, José María Muñoz, designado por el Juzgado de Instrucción número 14.  

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha desestimado el nombramiento del que fuera director general del Málaga con el jeque Abdullah Al-Thani, el estadounidense Richard Shaheen, como interventor del club. La titular del Juzgado aclara en su escrito que el "nombramiento de un interventor supondría dar vía libre a la parte querellada para interferir en la finalidad de la medida cautelar adoptada que quedaría vacía de contenido en tanto instrumento o medio para evitar la continuidad de la actividad que con anterioridad realizaban los querellados y que es objeto de investigación en la presente causa".

Por todo lo anterior, se desestima íntegramente la petición de la presentación procesal de la defensa  de los Al-Thani. No hay que olvidar que la titular del Juzgado designó el pasado 20 de febrero una administración judicial del Málaga CF estimando las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), tras la querella criminal presentada contra Al Thani y sus hijos por administración desleal y apropiación indebida.

La jueza nombró el pasado febrero un administrador judicial durante un periodo de seis meses en el Málaga CF, por lo que el presidente, Abdullah Al Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan quedaron apartados de la gestión del club.

La magistrada dictó dos autos y en uno de ellos estimó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga (APA), por lo que nombró una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá ser prorrogado. En la otra resolución, la jueza requirió a los querellados que de manera conjunta prestaran una fianza de 5.443.566 euros a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles que podrían derivarse de los hechos, tras la querella que presentó la APA