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02/12/2022
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Los hosteleros reclaman un límite de subida del 2% en el alquiler de sus locales: “Nos veremos abocados al cierre”

La Alianza de Comercio y Hostelería de España ha propuesto un acuerdo de sector en el que estén implicados los comerciantes y arrendatarios y los propietarios y arrendadores, junto con el Gobierno y el resto de las Administraciones Públicas, para repartir y equilibrar las consecuencias del incremento del IPC en la viabilidad del sector del comercio. Entre otras cosas, piden un límite del 2% a las subidas de los alquileres de sus locales.

La Alianza, que aglutina a las asociaciones Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE y Marcas de Restauración, explica en un comunicado que la viabilidad del comercio resulta “imposible”, ya que el incremento de los gastos provoca que muchos comercios obtengan márgenes negativos.

“Si no se encuentra rápidamente una solución nos veríamos abocados a un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB, además de dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país”, añade.

Por todo ello, recoge Europa Press, la Alianza ha propuesto una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones, consistente para los arrendatarios en la aplicación inmediata, y durante el año 2023, de un incremento máximo del 2% en la actualización de la renta de los contratos vigentes, así como en las condiciones para 2023 de las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contratos.

De la misma manera, solicita para los arrendadores el establecimiento de incentivos fiscales sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el teórico que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.

Además, insta de nuevo al Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos, específica para regular el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y que prevea un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, como se está ya aplicando en otros países europeos.

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