La Guardia Civil aprieta en "Villas del Arenal" al ver "indicios de infracción penal”

La Guardia Civil aprieta en "Villas del Arenal" al ver "indicios de infracción penal”

Se conocen datos del informe del Seprona sobre los 117 expedientes de infracción urbanística

La Guardia Civil aprieta en el caso Villa del Arenal. Un informe del Seprona sobre los 117 expedientes de infracción urbanística elaborado por esta unidad de la Guardia Civil en relación a la urbanización de Villas del Arenal se puede convertir en el elemento acusatorio más peligroso contra los investigados.

La Fiscalía se apoya en este informe para su escrito de denuncia contra los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras así como para el coordinador general de Urbanismo, José Cardador y los considera supuestos autores de los delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la gestión de los expedientes a los que se refiere este caso de “Villas del Arenal”.

Según informaciones a las que ha accedido el Diario “SUR” derivadas de estas acusaciones de la Guardia Civil, mantiene que  “desde un punto de vista policial existen indicios de infracción penal” por cuatro motivos. Por un lado la Guardia Civil considera que “por parte del Ayuntamiento, como autoridad competente en materia de disciplina urbanística, no se ha ejercido debidamente sus competencias al no culminar por diferentes motivos los respectivos procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y procedimientos sancionadores”.

La Guardia Civil también señala la existencia de 69 procedimientos sobre obras no legalizables que ya contaban con orden de demolición y en los que no consta que el derribo se haya producido.

En tercer lugar, siempre según este diario, se habrían hallado “cuatro procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística sobre obras legalizables en los que no consta el correspondiente restablecimiento”.

Por último se han identificado 82 expedientes sancionadores  que no habrían han “culminado conforme a derecho” por distintos motivos.

Según esta información solo 83 expedientes sancionadores llegaron a tramitarse de un total de 143. El resto, 60, fueron archivados por prescripción de la infracción (44), caducidad (7), inexistencia de infracción (5), autor equivocado (2) y anulación (2).

De los 83 que aún están vivos solo se ha cobrado la multa de uno de ellos -de ahí que 82 no estén culminados-, y el resto están en diferentes circunstancias. En 35 no consta incoación ni resolución; en 30 sí existe incoación pero no más trámites posteriores; en 14 hay propuesta de resolución pero no resolución en firme; y cuatro sí cuentan con resolución que impone una sanción, pero la Gerencia de Urbanismo solo ha cobrado uno de ellos.

Isabel Sedano, anterior Jefa de Inspección


El Seprona detalla que, al margen de dos expedientes que se iniciaron por denuncias de la Policía Local y otros dos por denuncias de vecinos, el resto se activaron a requerimiento de la anterior jefa del servicio de Inspección, Esther Sedano, quien el 1 de julio de 2013 pidió al inspector de zona que revisara viviendas concretas al haber tenido conocimiento de que podrían haberse cometido infracciones urbanísticas en ellas.

Finaliza Diario SUR explicando cómo “A partir de esa petición, el inspector realizaba una visita a la vivienda y comprobaba mediante fotos aéreas la existencia de las supuestas obras ilegales. Posteriormente, otro técnico confirmaba las obras ejecutadas y las valoraba para incoar el proceso de restablecimiento de la legalidad. La Guardia Civil hace notar que, en algunas ocasiones, estos segundos informes no confirman la existencia de las obras y hacían constar que, o no se llegaron a realizar, o habían sido demolidas por los propietarios de la vivienda”.