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El fiscal en el macrojuicio sobre prostitución en Málaga: "A una mujer no se le puede tratar como una cosa"

El fiscal en el macrojuicio sobre prostitución en Málaga: "A una mujer no se le puede tratar como una cosa"

El ministerio público acusa en esta causa por los delitos de prostitución, asociación ilícita, contra la salud pública y contra el derecho de los trabajadores en relación con tres clubes en Málaga y Córdoba

El fiscal encargado del juicio que se celebra en Málaga a una veintena de acusados por delitos relacionados con la prostitución y la gestión de tres supuestos clubes de alterne ha asegurado que presentará pruebas para acreditar que dichos establecimientos no eran hostales, como señalan las defensas, y que las mujeres que estaban allí no eran clientes, sino que se encontraban en situación "de explotación por vulnerabilidad".

"A una mujer no se le puede tratar como una cosa", ha señalado el representante de la Fiscalía malagueña este miércoles en la vista oral que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, en la que ha solicitado que se rechacen todas las alegaciones planteadas por los abogados defensores, quienes consideran que se debe anular el caso por vulneración de derechos de sus representados.

El ministerio público acusa en esta causa por los delitos de prostitución, asociación ilícita, contra la salud pública y contra el derecho de los trabajadores en relación con tres clubes en Málaga y Córdoba. Para el supuesto responsable de estos tres locales solicita unos 680 años de cárcel y además también serán juzgados los supuestos encargados de cada establecimiento y otros empleados.

El fiscal ha dicho que se trata de violencia contra la mujer y ha precisado que, relacionadas con estos clubes, "se ha llegado a cuantificar 1.930 chicas, todas extranjeras, ni un solo hombre". Ha sostenido que estas "no estaban por su voluntad, si lo estaban era en una situación de explotación y vulnerabilidad", recordando que "se ha tardado 15 años en legislar el delito de la trata de personas".

"Gracias a Dios la sociedad ha avanzado más rápido que el legislador y este tipo de delitos empiezan a tener importancia, se empiezan a perseguir y tomar en serio", ha indicado, apuntando que se acusa "por las condiciones en las que estaban las mujeres" y que "se trata de protegerlas". "Defender que todas esas mujeres estaban por su voluntad y muy felices es falso", ha incidido.

Ha defendido la instrucción de la causa, explicando que las autoridades brasileñas recibieron información sobre la supuesta explotación de mujeres de dicha nacionalidad en el club de Málaga capital y a través de la cooperación judicial internacional esa comunicación se recibe en la Fiscalía de Málaga. Las defensas, por su parte, cuestionaron este pasado martes todo lo investigado y la actuación de la Policía.
 

ALEGACIONES




Así, los letrados de los acusados denunciaron la utilización por parte de la Policía de un testigo "que ha devenido ser falso" y aludieron a la doctrina del árbol envenenado y a presuntas irregularidades policiales, considerando que la actuación de los investigadores "no fue la correcta" y se vulneraron derechos fundamentales, la tutela efectiva y todas las garantías.

Sobre el testigo protegido, el ministerio público ha expresado que según las resoluciones a nivel internacional los testigos protegidos "no son la prueba estrella del fiscal", porque, ha explicado, esa testifical "suele fallar" por el tiempo que pasa desde que se inicia la instrucción y por la situación en la que se encuentran estas personas.

Respecto a las manifestaciones de las defensas sobre la Policía, ha dicho que tendrá "en cuenta las calumnias", apuntando que no han concretado ni presentado pruebas sobre las presuntas irregularidades alegadas. Por esto, ha dicho que se reserva el derecho a solicitar que se deduzca testimonio sobre lo manifestado, no como una amenaza sino dentro de su "obligación de defender a la Policía".

Ante esto, los letrados han pedido amparo al Tribunal y que se les dé copia de la sesión para informar al Colegio de Abogados y pueda tomar medidas por "la amenaza y coacción con tomar acciones legales por ejercer el derecho de defensa". Un abogado ha dicho al fiscal que si quiere "en la calle lo discutimos", aunque luego ha matizado que se refería a "debatir de manera coloquial" con él sobre esta cuestión, pidiendo perdón si no se le ha entendido.

La presidenta de la Sala ha llamado la atención a las partes y, tras reunirse con ellas, ha dejado claro que el juicio debe desarrollarse dentro de la normalidad, los cánones del derecho y del respeto tanto a la libertad de expresión, que tiene el fiscal y los letrados, como al derecho de defensa; apuntando que el manifestar que se puedan tomar acciones legales no es una amenaza.