Las diócesis españolas tendrán una oficina de denuncias de abusos

Las diócesis españolas tendrán una oficina de denuncias de abusos

La Iglesia valorará la verosimilitud de las denuncias y les dará la tramitación canónica y civil

Todas las diócesis españolas cuentan ya o contarán en las próximas semanas, previsiblemente antes del 31 de mayo, con oficinas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables.

Así lo ha anunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este viernes 6 de marzo durante la rueda posterior a la Asamblea Plenaria, que se ha celebrado esta semana en Madrid.

Argüello ha explicado que con la creación de estas oficinas siguen las indicaciones del motu proprio 'Vox estis Lux mundi' del Papa Francisco. Sobre los plazos, el portavoz de los obispos estima que todas las oficinas estén operativas antes del 31 de mayo y que en ese momento puedan ofrecer un listado con los teléfonos y correos.

En estas oficinas, se recibirán las denuncias de abuso, la Iglesia valorará su verosimilitud y les dará la tramitación canónica y civil. Además, en algunas oficinas se podrá realizar acompañamiento a las víctimas. La CEE no abrirá una oficina propia de denuncias pero sí establecerá un "servicio de comunión" que ayude a estas oficinas y sirva como cauce para transmitir noticias y saber los recursos humanos y materiales de unos y otros.

En concreto, las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Pamplona y Tudela, Santiago de Compostela y Valladolid, han optado por una oficina metropolitana para todas las diócesis circunscritas. En cambio, las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Burgos, Granada, Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Toledo y Valencia han acordado organizarse por oficinas diocesanas propias.

También el arzobispado Castrense de España ha constituido una oficina arzobispal y la Provincia Eclesiástica de Sevilla ha constituido una oficina metropolitana para la propia Archidiócesis, a la que se han añadido las sufragáneas de Cádiz y Ceuta así como Huelva. Por su parte, las diócesis sufragáneas de Asidonia-Jerez, Canarias, Córdoba y Tenerife han optado por constituir oficinas diocesanas propias.

Finalmente, en relación con las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Barcelona y Tarragona, únicamente se han constituido oficinas diocesanas propias en la Archidiócesis de Tarragona, y las sufragáneas de Solsona y Vic. El resto de las diócesis de Cataluña están esperando a esta Asamblea Plenaria para determinar la opción que adoptarán, según ha informado el secretario general de la CEE.

Durante la Asamblea Plenaria, Argüello ha precisado que los obispos se han centrado en las características de estas oficinas de denuncias de abusos y atención a víctimas, así como en la atención que pueden prestar a quienes reciben la acusación en caso de ser sacerdotes o personas muy vinculadas a la Iglesia.

También ha confirmado que se reunió con la asociación Infancia Robada y que desea mantener una comunicación con ellos y que este contacto ya se ha producido con posterioridad a aquel encuentro.

Preguntado por el número total de denuncias de abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero en España, el portavoz de los obispos ha asegurado no conocerlo pues muchas denuncias en congregaciones religiosas "han ido directamente a Roma". Además, ha apuntado que al eliminar el Papa Francisco el secreto pontificio, las posibilidades de información "son ahora mayores".

En todo caso, preguntado por si las víctimas sentirán tranquilidad de que su denuncia llegue a buen puerto, Argüello ha apuntado que "cualquier ciudadano puede acudir a las autoridades civiles" a denunciar. "Que haya oficinas en la Iglesia no quiere decir que no haya juzgado de guardia o que no haya Fiscalía o Policía", ha enfatizado, añadiendo que estas oficinas no son "un tapón" para que no haya denuncias.
 

Defiende la demanda social en la concertada



Por otro lado, sobre la reforma educativa del Gobierno, Argüello ha defendido el concepto de "demanda social" en la educación concertada para que los padres puedan elegir la escuela que quieren para sus hijos.

"En este momento, una de las cuestiones básicas es tener modelo de persona, es tener un criterio sobre lo que significa ser hombre y mujer, y reconozcámoslo, sobre esto hay opiniones diferentes. Entonces es legítimo que se reconozca la demanda social", ha señalado.

También ha criticado que en la exposición de motivos del proyecto de ley "parece que hay más preocupación por que la escuela sea un lugar de adaptación social en vez de un lugar que desarrolle las capacidades plenas" de los alumnos.

"Se habla de que la escuela sea un ascensor social pero además de ascensor, la escuela ha de ayudar a subir las escaleras porque en la vida para crecer hay que subir escaleras, hay que trabajar, hincar los codos, y a veces pareciera que para lograr el ascenso, lo que se plantea es bajar el piso, por ejemplo, que se pueda obtener la titulación teniendo alguna asignatura pendiente. Esto supone una especie de desprecio a las personas", ha apuntado.