La Junta destinará 6,9 millones a cursos de FPE

En Málaga se tendrían 99 cursos en el paquete provincial que beneficiarían a 1.485 desempleados y que contarían con un presupuesto de 4,4 millones de euros.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha anunciado la licitación de 219 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en la provincia de Málaga, con un presupuesto de 6,9 millones de euros, que permitirán a 3.285 personas (2.010 desempleadas y 1.275 ocupadas) recibir una cualificación en las ocupaciones más demandadas por los principales sectores productivos malagueños, como la hostelería y turismo, la construcción, la administración, nuevas tecnologías o comercio.

Estos cursos se enmarcan en el procedimiento de contratación iniciado este miércoles por la Consejería de Empleo por 41,1 millones de euros para los cursos de Formación Profesional para el Empleo. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica los anuncios previos de información de dicha licitación.

El anuncio de estas licitaciones se ve afectado por la decisión tomada por el Gobierno central de derivar 430 millones de las partidas de los fondos propios de las comunidades autónomas para la FPE para el pago de prestaciones por desempleo.

"Se trata de una medida tomada sin consenso y a la que la Consejería de Empleo ha contestado con indignación al entender que existen otras fórmulas de financiación que permiten tanto el pago de las prestaciones como la puesta en marcha de políticas activas de empleo, especialmente en una situación como la actual en la que es más necesario que nunca para las personas trabajadoras y desempleadas contar con cualificación para poder mantener su empleo a acceder al mercado laboral", han sostenido desde la Junta en un comunicado.

Según ha explicado la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Carmen Sánchez Sierra, el Gobierno andaluz cumple con el compromiso de comenzar la licitación antes del final del primer trimestre, "justo en un momento en el que la formación es una medida fundamental para contribuir a la recuperación de la crisis".

Así, ha incidido en que si antes de la crisis del COVID-19 la Formación Profesional para Empleo "era básica para la economía andaluza, ahora es indispensable, y no admite demoras". "Las empresas andaluzas van a necesitar trabajadores bien formados en los próximos meses para cubrir sus necesidades, y las personas trabajadoras en situación desempleo van a requerir formación específica para tener más oportunidades de reincorporarse al mercado laboral", ha sostenido.

A juicio de la delegada, de esta manera "se recupera la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, tras una parálisis durante años que ha perjudicado a la economía andaluza y que ha supuesto la devolución de 1.300 millones de euros en el periodo 2012-2018".

El anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea para la contratación publicado por la Consejería de Empleo hace referencia a once servicios para la impartición de Formación Profesional para el Empleo en diferentes sectores y en todas las provincias, a los que las entidades podrán presentarse a los diferentes lotes de que constan los contratos.

Estas licitaciones son el fruto de un diagnóstico previo realizado a través de diversas mesas de trabajo, en las que se ha analizado y determinado las necesidades de formación atendiendo a las características de los sectores productivos en cada provincia.


Cursos en la provincia


En Málaga se tendrían 99 cursos en el paquete provincial que beneficiarían a 1.485 desempleados y que contarían con un presupuesto de 4,4 millones de euros. En lo concerniente a Hostelería, a la provincia le corresponden diez cursos para 150 personas y con un presupuesto de 834.373 euros. En el ámbito de la construcción se contaría con 25 cursos que beneficiarían a 375 personas y con un presupuesto asignado de 1,2 millones de euros.

Por último, en el ámbito de las acciones formativas a desarrollar para ocupados, a Málaga le van a corresponder 85 cursos donde podrán participar un total de 1.275 personas y que tendrá un presupuesto de 394.616 euros.
 

151 empresas interesadas


Esta nueva licitación se suma al proyecto piloto iniciado en diciembre de 2019, consistente en la licitación de 20 acciones formativas para el certificado de profesionalidad 'Docencia de la Formación Profesional para el Empleo dirigido a personas trabajadoras desempleadas', y que contó con un presupuesto base de licitación de 714.000 euros, a ejecutar en las ocho provincias andaluzas.

La convocatoria de licitación lanzada en diciembre de 2019 establecía diez lotes, uno por provincia, salvo Sevilla y Málaga que contaban con dos. Las acciones, han apuntado desde la Junta de Andalucía, "tratan de paliar la escasez de formadores cualificados para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad, necesidad que fue detectada por los técnicos de la Consejería en la pasada convocatoria de escuelas taller y talleres de empleo, que tuvo dificultades para encontrar candidatos que pudieran acreditar la competencia docente".

"Es el primero de los muchos expedientes de acciones formativas que esta Consejería pretende poner en licitación a lo largo de la legislatura", han añadido. A esta licitación han concurrido 151 licitadores, presentando un total de 205 ofertas a los distintos lotes.
 

Modelo de financiación


El modelo de licitación pública es una apuesta de la Consejería de Empleo, que, una vez analizado el modelo de financiación de acciones formativas a través de la concesión de subvenciones, "detectó que carecía de la necesaria agilidad para garantizar una oferta formativa permanente y de calidad, adaptada a las cambiantes necesidades del mercado de trabajo y que presenta enormes dificultades que impiden garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público".

Por ello, se ha sustituido el anterior modelo de financiación basado en la convocatoria de subvenciones, por un nuevo modelo de financiación basado en la convocatoria de licitaciones, al amparo de lo previsto tanto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, como en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que hace referencia también a la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación.

Así, han considerado como ventajas de este sistema la "transparencia y la publicidad de los procedimientos, el mayor control de estos y la consiguiente prevención del fraude de ley, el fomento de la libre concurrencia, la agilidad y la mejora de la eficiencia en la utilización del gasto público".

También, han continuado, "se reconoce al sector de empresas de formación como sector económico emergente y necesario colaborador de la administración pública".