El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una causa de oficio para investigar si el apagón en la red eléctrica española de este lunes que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas.
En un auto, el magistrado indica que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles» opciones. Por tanto, resulta necesaria, según el magistrado, la apertura de una investigación judicial.
En este contexto, acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de un informe cada uno para que en un plazo improrrogable de 10 días indiquen las causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, el juez Calama solicita a la Jefatura de Información de Policía que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos este lunes en toda España.
El magistrado explica que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12.30 horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos».
El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante 5 segundos 15 gigawatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».
Problemas de seguridad en «cascada»
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
El instructor, en su resolución, examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y señala que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.
En concreto, en el artículo 573. 2 en el que inicialmente encajarían los hechos «en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal».
Calama incide, además, en que la «sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general».
«Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer», añade.
Y es que, asegura el magistrado en su resolución, «este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población».
Un apagón en Ucrania durante 2016 como ejemplo
El magistrado recuerda que «el informe sobre Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros». «Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica», señala.
En esta línea, el juez Calama insiste en que «los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques».
«Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales», concluye.
Además, en su auto destaca «el caso conocido como ‘virus de la policía’ por la dinámica que siguieron los ciberdelincuentes, en el que fueron juzgados varios ciudadanos rusos, que desde 2011 habrían atacado a usuarios de varios países habiendo más de 300 afectados en España».
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