El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima semanal a 37,5 horas sin reducción salarial. El texto, que ya fue aprobado como anteproyecto el pasado febrero tras recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, será remitido ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la medida podría beneficiar a unos 12 millones de trabajadores, especialmente aquellos no cubiertos por convenios colectivos, que trabajan habitualmente 40 horas semanales. Estos trabajadores se concentran con mayor frecuencia en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios.
El texto prevé un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan los nuevos requisitos
El proyecto de ley también contempla la implementación de un nuevo sistema de registro horario digital, obligatorio para todas las empresas, que deberá estar plenamente operativo en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la norma. Este sistema permitirá el control en tiempo real de la jornada laboral por parte de la Inspección de Trabajo, y deberá garantizar la autenticidad, accesibilidad y trazabilidad de los registros.
La norma incluirá también el reconocimiento del derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral y establece que los registros de jornada deberán conservarse durante cuatro años a disposición de trabajadores, representantes y autoridades laborales.
El texto prevé un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan los nuevos requisitos, con multas que podrán llegar hasta los 10.000 euros por trabajador afectado. Las infracciones en materia de jornada y control horario se clasificarán como graves, con un rango de sanciones que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros, dependiendo de su gravedad.
CEOE y Cepyme, en contra
El acuerdo que dio origen a esta propuesta fue suscrito en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no participaron del pacto, al considerar que la jornada laboral debe negociarse de forma colectiva y no fijarse por ley. Ambas organizaciones han reiterado su rechazo a la medida y han solicitado un análisis detallado de su impacto económico, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
El proyecto entrará en vigor a partir de la aprobación del proyecto en fase parlamentaria, donde se esperan negociaciones para asegurar los apoyos necesarios. El grupo Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad, lo que podría dificultar el avance de la tramitación. Los sindicatos han indicado que mantendrán la presión para que no se modifique el contenido del acuerdo original, mientras que organizaciones empresariales como Fomento del Trabajo han anunciado que intentarán influir en el proceso para introducir cambios que reflejen sus preocupaciones.
Yolanda Díaz, convencida
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, medida que ahora será debatida en el Congreso. Díaz ha defendido esta iniciativa como un avance significativo que beneficiará a más de 12 millones de trabajadores y ha asegurado que, pese a las críticas, la norma será aprobada en la Cámara Baja. También ha recordado que los mismos sectores que rechazaron la reforma laboral ahora critican esta medida, y ha afirmado que volverán a equivocarse.
Durante una valoración sobre los datos de empleo de abril, la ministra ha destacado que reducir la jornada es una demanda social y representa un paso más en la mejora del empleo y la calidad de vida. Díaz ha instado a los partidos políticos a posicionarse claramente, preguntándose si respaldarán a la clase trabajadora o a otros intereses. En sus palabras, trabajar menos y vivir mejor no solo es viable, sino que también es una cuestión de justicia.