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Un inspector declara que el hijastro de la alcaldesa de Marbella abastecía de droga a redes criminales suecas

Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en una red internacional de narcotráfico que enviaba droga desde España al norte de Europa. Según el inspector jefe que dirigió la investigación, Broberg hacía de intermediario entre proveedores españoles y marroquíes para las organizaciones criminales suecas. Este policía asegura que abastecía de droga a clanes de narcos del país escandinavo.

Durante el juicio, explicó que Broberg «negociaba personalmente con los clientes» y entregaba muestras de marihuana y hachís. Su colaborador, Roberto Bayona, coordinaba las entregas. La investigación se inició en 2019 a raíz de una solicitud de las autoridades suecas, que pidieron vigilancia sobre personas investigadas en su país. Las escuchas y seguimientos posteriores destaparon el supuesto papel de Broberg como figura clave en el tráfico de drogas desde la Costa del Sol.

11 de los 29 acusados junto el hijastro de la alcaldesa de Marbella reconocen su vinculación con el narcotráfico

Acusado de tres delitos

El Ministerio Fiscal lo acusa de tres delitos: tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales. Por ellos, solicita 22 años de prisión y una multa de más de 30 millones de euros. Según la Fiscalía, Broberg enviaba marihuana a Francia y mantenía contactos con redes como la del usuario ‘Canaryegg’ en EncroChat, presuntamente vinculado al tráfico de sustancias desde Marruecos. Además, se le atribuyen relaciones con un agente de la Policía Local de Marbella, Rafael Gallego, quien supuestamente le facilitaba información confidencial a cambio de dinero en efectivo.

Para lavar el dinero del narcotráfico, Broberg habría utilizado dos oficinas inmobiliarias en el centro comercial Plaza de Marbella como base de operaciones. El fiscal también involucra en la trama a su fallecido padre, Lars Gunnar Broberg, procesado en la misma causa. La causa comenzó a instruirse en octubre de 2022, cuando el juez Manuel García Castellón procesó a más de 30 personas por integrar una red liderada por ciudadanos suecos que operaban desde la Costa del Sol.

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