El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha presentado diez alegaciones contra el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha resaltado que ha sido «impuesta por el PP» y que «deja desamparada a la población más vulnerable, a las familias, a los trabajadores y al comercio granadino».
La portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha señalado que «nos encontramos ante el último paso administrativo en la imposición de las restricciones a la libertad de circulación en Granada».
Aluvión de solicitudes de acceso en la Zona de Bajas Emisiones de Granada para carga y descarga
En este contexto, y según ha detallado Vox en una nota de prensa, ha reprochado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, que «la semana pasada concluía el periodo de información pública de este proyecto sin que el equipo de gobierno haya hecho publicidad del plazo para que los ciudadanos presentaran sus alegaciones».
«La ZBE es un enigma para la mayoría de los granadinos, lo que es responsabilidad del PP, así como ha quedado demostrada la opacidad de este equipo de gobierno sobre unas restricciones que rechazan la mayoría de los vecinos».
«Para colmo, hemos tenido que leer las declaraciones de la concejal delegada de Movilidad, Ana Agudo, afirmando que la implantación de la ZBE hubiera sido más fácil si el Gobierno central hubiera planteado qué modelo debía implantarse», ha manifestado Beatriz Sánchez Agustino.
Así, Sánchez Agustino le ha indicado al PP que sus dirigentes «son los responsables de imponer una ZBE en prácticamente toda la ciudad de Granada».
La portavoz ha concluido con un mensaje a todos los vecinos de la ciudad: «PP y PSOE van de la mano en la persecución al vehículo privado. Van de la mano en la imposición de restricciones que perjudican a los más vulnerables y, por ello, los granadinos tienen que saber que si no quieren ZBE solo les queda votar a Vox».
La viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez Gallego, por su parte, ha desglosado las diez alegaciones presentadas por el grupo municipal sobre «las carencias, omisiones y errores que consideramos muy graves».
En primer lugar, «se produce una falta de coherencia en las tramitaciones del proyecto y de la ordenanza, ya que no tiene sentido que exista» esta última y esté en vigor mientras el documento que articula la ZBE en sí «no se encuentra aprobado».
Por otra parte, «no se han analizado las alternativas a las restricciones absolutas, tal y como se establece en el Real Decreto 1052/2022, y tampoco se justifica con datos si las estaciones de medición son suficientes de acuerdo con el perímetro de la ZBE».
A esto hay que añadir que «se habla en el proyecto de los aparcamientos de borde pero no se concreta ninguna medida que favorezca su uso», ha incidido Mónica Rodríguez Gallego.
La viceportavoz de Vox ha explicado que, «cuando se aborda la cuestión de la estabilidad presupuestaria, el documento afirma que se va a recaudar por sanciones 1,4 millones de euros, lo que consideramos un dato desactualizado porque se aportó en la tramitación de los presupuestos con la previsión de que las sanciones entrarían en vigor en abril de este año, no en octubre».
Además, hay que añadir que «faltan datos que justifiquen la previsión de los escenarios de reducción de emisiones, tampoco se aclara si estos escenarios van a implicar un endurecimiento progresivo de la restricciones y faltan datos sobre la identificación de fuentes de emisiones distintas a los vehículos y la contribución de estas al empeoramiento de la calidad del aire».
En el proyecto de ZBE hay dos puntos en los que Vox insiste desde hace años y «son alarmantes». Así, ha proseguido la edil, «la carencia de una análisis riguroso de las consecuencias» en los grupos vulnerables y el tratamiento que se le da al comercio, que considera que «es lamentable».
«Respecto al impacto en municipios con una población más vulnerable se llega a afirmar que son poblaciones que por lo general no representan una población elevada, por lo que no se espera un número de afectados relevante, incluso afirma que la población de Granada tiene menor capacidad de respuesta económica para cambiar de vehículo que el resto de España, sin aportar ni una solo medida para paliar los efectos negativos del muro de Marifrán Carazo».
Igual de «preocupante» es «la afirmación del proyecto de que la ZBE va a beneficiar al comercio granadino, compara nuestra ciudad con Madrid, Londres, Bruselas o Copenhague, que no son equiparables en tamaño, estructura urbana, renta media o dependencia del comercio de proximidad como es el caso de Granada», ha apuntado Rodríguez Gallego.
También ha apuntado que la encuesta señalaba que un 71,8 por ciento «de los comerciantes consideran que la implantación de la ZBE es perjudicial para su negocio».
«Nos parece insultante que para intentar sustentar esta patraña se usan fuentes parcializadas, vinculadas a plataformas de activismo político o institucional y, en conclusión, el equipo de gobierno del PP no puede estar en ningún caso orgulloso de este trabajo ni de esta ZBE y que nos tememos que será solo el principio de más restricciones que terminarán afectando a todos los granadinos», ha concluido.