Las dudas de varios países de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas han obligado al aplazamiento de la votación propuesta por España para este martes en Bruselas. Según ha trascendido, hasta siete Estados -entre ellos Finlandia, Croacia, Austria y Suecia- han mostrado sus dudas (de tipo legal y financiero) sobre la cuestión, que requiere del voto afirmativo de los veintisiete miembros de la UE para salir adelante y que es resultado de un pacto con la formación Junts.
La intención del Gobierno de España es que estas lenguas españolas sean oficiales también en el espacio comunitario. La lectura de este primer revés a la iniciativa se ha encajado como una necesidad de «más trabajo» sobre algunos aspectos, según ha detallado el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En su intervención, Albares ha remarcado que hasta veinte países -de los 27- están a favor o no ven impedimento en dar el paso: «La unanimidad tiene la ventaja de que no tienes que posicionarte a favor, la abstención es suficiente pero tiene la desventaja de que 26 a favor y uno en contra y no sale adelante. Esa es, digamos, la dificultad matemática. Si fuera por mayoría, habría salido por goleada», ha resaltado.
Albares ha remarcado que hasta veinte países -de los 27- están a favor o no ven impedimento en dar el paso
El responsable de la cartera de Exteriores ha apuntado también que ha sido la presidencia polaca la que ha considerado pertinente el aplazamiento de la decisión tras comprobar que no se contaba con la mayoría necesaria. «El tema sigue en la mesa para conseguir la unanimidad», ha insistido Albares, que iniciará «desde este mismo martes» negociaciones con los países reacios para responder a sus posibles dudas.
Para sacar adelante la propuesta el Gobierno se escuda en dos argumentos clave: por un lado que Estados miembro como Malta o Irlanda ya cuentan con más de una lengua reconocida por la UE; por otro lado, el hecho de que estas lenguas son habladas por 20 millones de españoles -y europeos-, es decir, más que otras lenguas que ya están aceptadas.
Albares ha recordado que él mismo ya remitió una carta al Consejo de la UE en la que el Gobierno se comprometía a correr con el coste de la inclusión de las tres lenguas en el régimen lingüístico y que la Comisión Europea realizó un informe en el que habla de 132 millones de euros al año. Cabe recordar que dicho informe no es una estimación final, sino que se basa en el caso del gaélico, la última lengua en incorporarse.
Sin plazos
Aunque el Gobierno de España ha mostrado su firme compromiso con la causa del reconocimiento del catalán, euskera y gallego por la UE y ha anunciado reuniones desde esta misma semana para caminar hacia ello, el ministro Albares ha evitado establecer plazos o marcar una nueva votación el próximo 24 de junio. «No hay que poner una fecha, puede ser antes o después, de lo que se trata es de conseguir hablar con esos siete estados» y resolver las cuestiones.
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