Carlos Fernández, exconcejal de Marbella y último prófugo vinculado al caso de corrupción conocido como ‘operación Malaya’, está intentando regresar a España después de casi dos décadas fugado. Fernández huyó en 2006 justo un día antes de su detención por su implicación en la trama corrupta que sacudió Marbella y que llevó a la cárcel a varios políticos y empresarios. El exedil, que primero militó en el GIL, el partido del controvertido Jesús Gil, y luego en el Partido Andalucista, permanece atrapado en un limbo jurídico en Argentina. Allí vive desde 2006, país donde formó familia y trabajó como coach para políticos y empresarios locales.
Aunque la justicia argentina declaró prescritas las causas por las que se le reclamaba, y la Corte Suprema del país sudamericano rechazó en diciembre de 2022 su extradición, Fernández no ha podido todavía regresar a España. La orden internacional de detención dictada en 2006 continúa activa en los sistemas de control fronterizo, lo que provoca que al intentar embarcar desde Argentina, la Policía Federal argentina lo detenga temporalmente.
Atrapado en un bucle administrativo
Sin contar con papeles en regla, Carlos Fernández ha intentado en varias oportunidades regresar a España utilizando un salvoconducto que le facilita la Embajada de España en Buenos Aires. Este documento, que solo tiene validez para la fecha concreta del vuelo, le permite llegar hasta el aeropuerto, aunque no le asegura poder subir al avión. Cada vez que lo intenta, sucede lo mismo: los sistemas de seguridad detectan la alerta de Interpol vinculada a la orden de detención internacional, y la Policía Federal argentina lo detiene de inmediato. sigue atrapado en un ciclo de detención y liberación que su defensa califica como un «bucle administrativo sin solución efectiva».
La defensa de Fernández ha presentado varios escritos ante la Audiencia Nacional en España, solicitando la anulación o suspensión provisional de la orden internacional de detención para que pueda regresar y comparecer voluntariamente ante la justicia española. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, argumentando que la requisitoria vigente no impide su presentación voluntaria en España.
Fernández se entregó voluntariamente a la policía argentina en 2016 tras más de diez años en paradero desconocido. Durante su prisión preventiva compartió pabellón con exmilitares argentinos condenados por delitos de lesa humanidad, aunque fue excarcelado meses después. Desde entonces, ha tratado de normalizar su situación, sin éxito. El caso Malaya, que estalló en 2006, fue uno de los mayores escándalos de corrupción en España, centrado en el Ayuntamiento de Marbella, donde se descubrieron sobornos, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios.
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