El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal y cohecho, le ha citado para declarar el próximo 30 de junio y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras.
En un auto de 46 páginas, el magistrado responde a la petición formulada por la defensa de Cerdán, que pidió retrasar la citación del próximo 25 de junio para poder estudiar la causa.
La UCO entra en la sede del PSOE para realizar un clonado del correo de Santos Cerdán
Anticipa ya que, tras tomarle declaración, valorará la adopción de medidas cautelares en su contra, como ya hiciera con los otros investigados: el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. A los tres, y a petición de Fiscalía, el TS les prohibió salir de España, les retiró el pasaporte y les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante una sede judicial.
Puente explica también que la citación, señalada ya para el día 30, no será voluntaria, como acordó inicialmente, dado que Cerdán perdió su aforamiento al dejar su acta de diputado, de modo que el Supremo ya no necesita recabar el permiso de la Cámara Baja para actuar en su contra.
El Supremo expone asimismo que retiene la competencia para investigar a Cerdán, aun sin ser aforado, dada su conexión inescindible con los hechos referidos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado.
A este respecto, recuerda que Cerdán «pudiera haber participado, actuando de consumo con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán, quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».
En un paso más, el magistrado autoriza a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
El instructor también se requiere información tributaria del hasta hace una semana ‘número tres’ del PSOE para conocer su situación financiera, así como la evolución de la misma.