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Elevadas las penas a una madre y sus dos hijos por venta de droga en Málaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha endurecido las penas impuestas a tres personas —una mujer y sus dos hijos— por un delito contra la salud pública, al estimar íntegramente el recurso presentado por la Fiscalía. Los tres procesados vendían droga desde una vivienda en la barriada malagueña de García Grana, según ha confirmado ahora la sentencia del alto tribunal andaluz.

La investigación se inició tras una actuación policial que permitió detectar un punto activo de venta al por menor de estupefacientes. Las vigilancias demostraron un constante trasiego de personas que acudían a la zona para adquirir droga. Tras breves encuentros con los acusados, los compradores recibían bolsitas a cambio de dinero. La policía interceptó a varios de ellos y les incautó cocaína. Los agentes constataron que tanto la madre como sus hijos realizaban las entregas. La resolución judicial recoge además que la principal acusada y uno de sus hijos ya habían sido condenados con anterioridad por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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Sin atenuante

En un primer momento, la Audiencia de Málaga les impuso penas de dos años y tres meses de prisión a la madre y al hijo, y de un año y medio a la hija, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. Sin embargo, el TSJA ha considerado que estos hechos no eran de escasa entidad y ha rechazado dicha atenuante, al considerar que los retrasos procesales no eran imputables al órgano judicial.

El tribunal eleva así la condena a cinco años de prisión para la principal acusada, a cuatro años y medio para su hijo y a tres años para la hija. La sentencia destaca que los tres actuaban de forma coordinada, como parte del conocido «clan de los S.», uno de los grupos familiares más activos en el tráfico de drogas en la zona. La vivienda, según recoge la resolución, estaba habilitada casi como un «búnker», con medidas para dificultar la intervención policial.

El alto tribunal respalda así la tesis del fiscal, que defendía que existía un acuerdo entre los tres acusados para desarrollar la actividad delictiva, realizando funciones de vigilancia, captación de clientes y entrega de dosis. Además, subraya que, aunque solo se interceptó a cinco compradores, el trasiego en el lugar era constante.

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