Continúan las noticias alrededor del Centro de Menores Infractores (CIMI) de Churriana, en Málaga capital. Los propietarios de la urbanización El Olivar han vuelto a alzar la voz ante lo que consideran una «grave irresponsabilidad»: «mantener en funcionamiento, y con menores internados, un CIMI en un edificio que no reúne las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad ni legalidad».
«El tiempo está dando la razón a lo que esta comunidad lleva meses denunciando con informes, fotografías, alegaciones y recursos administrativos», aseguran los vecinos de la zona. Según su relato, este pasado 26 de junio, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga ordenó el precintado de las cocinas industriales del centro, «tras constatar oficialmente que el sistema de evacuación de humos instalado es ilegal, peligroso y contrario al Código Técnico de la Edificación». Para los propietarios, este hecho confirma que «el edificio presenta riesgos objetivos para la salud y la seguridad, no solo de los menores allí internados, sino también del vecindario colindante».
Esta noticia, además, se suma a la admisión a trámite, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta comunidad contra la adjudicación del contrato de gestión del CIMI. A este procedimiento judicial se añade un nuevo contencioso presentado por la comunidad de vecinos del Olivar, contra el Ayuntamiento de la capital, por haber permitido la apertura del edificio pese a las múltiples irregularidades denunciadas.
La comunidad denuncia que la administración «no puede hablar de protección al menor mientras se les mantiene encerrados en un inmueble que no cumple con las condiciones mínimas exigidas por ley, en un entorno inseguro y con documentación incompleta o gravemente defectuosa». «No vamos a dejar de actuar hasta que se ponga fin a esta situación insostenible», sentencian.
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