El Ayuntamiento de Granada trata de encontrar una solución mediante la que hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre las zonas de restauración anexas al pabellón Mulhacén, causa que compone la pieza separada del caso Nazarí que recibe el mismo nombre. En el Consistorio, según fuentes consultadas por 101TV, consideran que existen opciones para formular la legalización de los espacios implicados y estudian las posibilidades. La resolución del embrollo pasa por encontrarlas o, en su defecto, asumir la indemnización que supondría derribar los negocios y la posterior reclamación de las empresas.
La sentencia del pabellón Mulhacén mantiene en ‘stand by’ la recuperación de la instalación
Todo surge cuando un empresario, Ramón Arenas, pleiteó contra el Ayuntamiento por la construcción de varios locales de restauración -actualmente los ocupan McDonald’s y La Cueva- en la parcela en la que se encuentra el pabellón Mulhacén, en concreto en el lateral del Paseo del Emperador Carlos V, bajo el mandato de José Torres Hurtado. Se trataba de un terreno calificado como equipamiento deportivo, lo que impedía el levantamiento de una infraestructura que no estuviera destinada a tal fin, por lo que los jueces dieron la razón al demandante.
El asunto, sin embargo, no se resolvió en su momento y se fue dilatando hasta que en febrero de 2025 el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia. Ello planteó un escenario con dos posibles salidas: la legalización o el derribo y la posterior indemnización. El área de urbanismo estudia por ello soluciones que, al tiempo que resuelven el problema, desbloqueen la rehabilitación del propio pabellón, para el que se planteó un proyecto de instalación híbrida que, sin embargo, se ve paralizado por la causa.
El portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, indicó el pasado martes que el Ayuntamiento está pendiente de recibir un informe encargado para encontrar la fórmula «menos dañina» a los intereses de la capital para la ejecución de la sentencia. La idea es evitar la indemnización, que supondría un impacto duro en las arcas municipales. En el Consistorio, según fuentes consultadas por este medio, confían en dar con la manera de lograrlo. No obstante, aguardan la decisión judicial definitiva para, posteriormente, actuar sobre el terreno.