El asentamiento de Los Asperones sigue siendo un foco constante de incendios provocados por la quema ilegal de chatarra y lejos de ir a menos no para de empeorar la situación. Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad Ciudadana, ha llegado a declarar que «queman el hierro y pretenden que los bomberos se lo enfriemos para después venderlo».
Los datos ofrecidos por Pedro Pacheco, representante del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), en la última comisión de Medio Ambiente en la Casona reflejan la magnitud del problema: más de 600 fuegos el pasado año, una cifra que podría aumentar en 2025 si se mantiene la tendencia actual. Pacheco enfatizó el riesgo al que se someten los bomberos al enfrentarse a sustancias tóxicas y partió una lanza por los vecinos del cercano barrio de Soliva, que sufren las aparatosas actuaciones de emergencias.
La situación se ha agravado dramáticamente desde 2021, cuando el sindicato alertó ya sobre la saturación de los servicios. Las 118 intervenciones registradas solo en julio de aquel año igualaron el total de 2020, evidenciando una escalada que ha llevado a los bomberos a acudir «de media dos veces al día, permaneciendo en ocasiones jornadas completas».
Riesgo alto para los bomberos
Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado la estrategia que ha estado implantando hasta ahora sobre este conflicto, la cual estructura en dos niveles. En la fase preventiva, «cuando detectamos colchones amontonados, procedemos a su retirada inmediata», cuenta Barrionuevo, responsable municipal de Policía Local y Bomberos.
Y en la segunda fase se activa tras producirse el incendio. El protocolo incluye la intervención de bomberos, servicios de limpieza y permanencia policial «hasta que se retiren todos los desechos, para evitar que les salga gratis la operación», ha detallado Barrionuevo.
«Las multas administrativas tienen escaso impacto en personas sin recursos económicos»
Nicolás Sguiglia, del partido de la oposición Con Málaga, ha criticado la gestión municipal: «Si esto ocurriera cerca del centro urbano, ya estaría resuelto. Las quemas drenan recursos públicos y resulta más costoso mantener dos intervenciones diarias que implementar una solución definitiva».
El concejal popular ha admitido las limitaciones del sistema sancionador actual. «Las multas administrativas tienen escaso impacto en personas sin recursos económicos», ha reconocido, describiendo la complejidad social del entorno. Y Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos, se ha comprometido a endurecer las medidas como se les ha solicitado, incluyendo el vallado y vigilancia del área, aunque ha advertido que «mantener presencia permanente resulta inviable».
Se intensificará la vigilancia
En conclusión, el pleno municipal ha aprobado reforzar las actuaciones mediante la «intensificación en la retirada de materiales combustibles acumulados» y el «refuerzo de la vigilancia contra vertidos ilegales en el perímetro de Los Asperones». También se ha acordado desarrollar «alternativas laborales sostenibles» para los residentes que dependen económicamente de la chatarra.
Aunque por su parte, Sguiglia ha concluido calificando la persistencia del asentamiento como «una vergüenza municipal» tras cuatro décadas de existencia provisional y pide un proyecto estructural para resolver la situación de raíz. «Nos sale más caro mantener dos intervenciones de bomberos al día que poner en marcha una solución definitiva», aportó.
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