La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un informe que la mediación de Equipo Económico (EE), la consultora fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pudo favorecer no sólo a empresas gasísticas para lograr rebajas fiscales a través de reformas legislativas, sino también a otras para obtener contratos.
En ese informe, que forma parte del ‘caso Montoro’, los agentes indican que de los correos electrónicos intervenidos durante la investigación «se desprende la contratación de EE con la finalidad de conseguir las reformas normativas necesarias para beneficiarse fiscalmente, primero con el impuesto eléctrico (2014) y después con el impuesto de actividades económicas (2018)».
La Guardia Civil añade que «cabe la posibilidad» de que la «operativa desarrollada» por ese despacho «pudiera haberse prolongado en el tiempo y haberse hecho extensiva a otros sectores empresariales que, igual que las gasísticas y gracias a la intermediación de EE dentro de la Administración, se podrían haber beneficiado de reformas legislativas o adjudicaciones de contratos públicos».
Entre esas empresas, los investigadores mencionan a Ferrovial, Abengoa, Solaria o Madrid Network, añadiendo que los modelos 347 de operaciones con terceros de la Agencia Tributaria evidencian que «tanto las gasísticas como los citados grupos empresariales, a través de varias de sus mercantiles, han mantenido relaciones comerciales con EE».
Agregan, además, que pagaron al despacho «elevadas cuantías durante determinados periodos, coincidiendo algunos de ellos con reformas legislativas de las que habrían obtenido los citados beneficios fiscales».
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Denuncia anónima
Para la UCO, la presunta estrategia de EE con las empresas del sector gasístico «podría no tratarse de un hecho aislado, sino de una operativa habitual desarrollada con varios sectores empresariales».
Los investigadores hacen hincapié en una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2017 que se incorporó a la causa. Esta alertaba de «la posible comisión de unos hechos presuntamente delictivos» por parte de la consultora.
Explican que en esa denuncia se acusaba a Equipo Económico -fundado por el exministro en 2006 como Montoro y Asociados- de operar como un ‘lobby’ al que «importantes empresas se veían obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirían en sus cuentas de resultados, especificando que a algunas de las empresas se les sugería la contratación de EE desde el mismo Gobierno, y que otras lo hacían voluntariamente».
También mencionan que «los clientes son importantes y grandes empresas con intereses en la obtención de contratos públicos, y en la tramitación de iniciativas legislativas para la regulación del sector al que pertenecen».
Pagos a la consultora
Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que, según los resultados arrojados por el modelo 347, Equipo Económico habría recibido por parte de Ferrovial un total de 583.824 euros durante el periodo 2012-2014.
Entre sus encargos, Ferrovial pidió a EE un estudio para la creación de una base de datos sobre los procesos de pago de los ayuntamientos y su solvencia, ante la «gran preocupación por parte de los contratistas públicos ante las tardanzas de los municipios en pagar» en aquellos años de crisis económica.
Hacienda aprobó finalmente, y con «celeridad», el plan de pago a proveedores, por el que el Estado pagaría a cuenta las deudas de los ayuntamientos, reseña la Guardia Civil.
Del mismo modo, se dieron cuenta de que Abengoa pagó a EE 4.410.780 euros entre 2008 y 2017, a lo que añaden otros 503.277 euros que dos mercantiles de las que era accionista abonaron a la misma consultora.
Los investigadores sospechan que los pagos coincidieron con años «en los que se tramitaron importantes cambios en el sector energético a favor de las energías renovables (especialmente la termosolar y la fotovoltaica)» que beneficiaban a sus «intereses».
Un modelo que extienden a Solaria, que «habría resultado beneficiada con las reformas legislativas a favor de las renovables» y reseñan que abonó 2.205.486 euros a EE entre 2008 y 2013.
Además, la Guardia Civil recoge que Madrid Network destinó 1.863.025 euros entre 2008 y 2011 a varios contratos con ese despacho. Esa entidad estaba presidida por Antonio Beteta como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y que con Montoro fue secretario de Estado de Administraciones Públicas.
«La vía más directa, pagar a EE»
La UCO aprecia «indicios» de una «posible operativa irregular» por parte de Equipo Económico, «en cuanto que sitúa al despacho en una situación con capacidad de influencia en el Ministerio de Hacienda para conseguir reformas legislativas con resultados económicamente beneficiosos para los clientes del despacho».
«Todo ello, considerando la posibilidad de que la supuesta intermediación del despacho con el Ministerio habría sido posible gracias al contacto directo que los miembros de EE tenían con uno de los socios fundadores del mismo, Cristóbal Montoro, quien durante gran parte del periodo investigado ostentaba el cargo de Ministro de Hacienda», añaden.
Los investigadores precisan en el informe que la causa que instruye el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona se aceleró tras la entrada y registro en sedes de la empresa Messer el 9 de noviembre de 2017, cuando se intervinieron unos correos electrónicos de las cuentas del director técnico de la planta química.
Intercambiados entre septiembre y diciembre de 2013, de esos correos «se desprende» que empresas gasísticas «se habrían intentado organizar como grupo de presión para conseguir unos beneficios fiscales, instando una modificación legislativa para la rebaja del impuesto eléctrico», iniciativa que, «sin embargo, fue infructuosa».
«Posteriormente, decidieron acudir a la firma Equipo Económico, para con su intervención, lograr la reforma deseada, puesto que como recoge uno de los correoso intervenidos: ‘La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro'», relatan.
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