Un extenso manto de color marrón oscuro cubre las orillas de muchas de las playas costasoleñas. Más allá de su efecto en la estética del paisaje o del mal olor que desprende, la proliferación del alga invasora trae consecuencias medioambientales graves que han disparado las alarmas en los municipios malagueños. Y es que, el alga ‘Rugulopteryx okamurae’ amenaza no solo sus ecosistemas, sino también la principal fuente de riqueza de la región: el turismo. Alcaldes, agentes económicos, han reclamado al Gobierno central una respuesta urgente y coordinada para frenar una situación que califican de “emergencia ecológica y económica”.
El alga invasora, detectada por primera vez en 2015 en la provincia de Cádiz, ha ido extendiéndose imparable hacia el litoral malagueño, causando estragos especialmente en los meses de verano, cuando las playas reciben a miles de visitantes. Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, lo define como «una catástrofe ambiental que transforma las playas en cuestión de horas», y advierte que el problema ha alcanzado niveles insostenibles para los ayuntamientos.
4.500 toneladas de algas en Marbella
Marbella, uno de los epicentros de esta crisis, ha retirado en los primeros seis meses del año 4.500 toneladas de esta especie marina, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado, y con un coste que supera el millón de euros. «El esfuerzo que realizan los municipios con operarios, maquinaria y traslados a vertederos es inasumible sin apoyo económico», afirma Muñoz.
El Ayuntamiento de Marbella ha habilitado un dispositivo especial de limpieza que arranca a las dos de la madrugada, con pala cargadora, retroexcavadoras y camiones, para retirar las algas antes de que las playas abran al público. Sin embargo, esta lucha diaria genera un gasto adicional, ya que el tratamiento en el Complejo Medioambiental Costa del Sol tiene un coste de casi 43 euros por tonelada.
La llamada desesperada de los alcaldes a Madrid
Este problema ha trascendido las fronteras municipales. En una reunión celebrada en Marbella, alcaldes de municipios costeros y representantes de la Mancomunidad de la Costa del Sol y otras instituciones de la provincia de Cádiz han exigido al Gobierno central que «asuma sus responsabilidades». Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad, junto con los alcaldes de Estepona, Fuengirola, Torremolinos y Algeciras, han reclamado un plan integral que incluya financiación y estudios técnicos para frenar la llegada y expansión de esta alga.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, ha sido tajante: «El Gobierno central no puede mirar para otro lado». Ana Mata, alcaldesa de Fuengirola, ha advertido que la tendencia de llegada de algas invasoras es al alza y que los recursos que destinan los municipios para su retirada se restan de otros servicios públicos esenciales.
Ecosistemas destruidos
La problemática va mucho más allá de la suciedad y el mal olor en las playas. En localidades como Mijas y Nerja, el alga asiática está invadiendo los bosques sumergidos de posidonia, ecosistemas protegidos esenciales para la biodiversidad marina y la salud del litoral.
En Cádiz, la emblemática playa de La Caleta está sufriendo una grave destrucción de su biodiversidad autóctona debido a que el alga se adhiere a las formaciones rocosas. Ana María Sanjuán, delegada de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento gaditano, alerta de que esta invasión impacta directamente en sectores estratégicos como la pesca, la biotecnología y la economía azul, pilares fundamentales para el empleo y desarrollo local.
Perjuicios al turismo
Para la Costa del Sol, donde el turismo representa una fuente vital de ingresos, la presencia masiva del alga supone una amenaza directa a la imagen de las playas y a la calidad ambiental que espera el visitante. El concejal de Limpieza, Playas y Medio Ambiente de Marbella, Diego López, ha denunciado que la falta de apoyo técnico y económico por parte del Gobierno central «pone en riesgo la economía local y el día a día de los vecinos». Solo en los primeros 15 días de julio, las labores de retirada han supuesto un gasto de casi 140.000 euros para el Ayuntamiento.
El alga invasora ha dejado claro que el problema excede las capacidades de los municipios, que ven cómo sus esfuerzos no son suficientes para contener una amenaza que no solo es ambiental sino también económica. Desde la Mancomunidad y las administraciones locales se reclama un cambio de escala en la respuesta: «No podemos seguir enfrentando esta emergencia en solitario», coinciden los regidores.
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