El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado una moción para erradicar la venta ambulante ilegal en la ciudad y solicitar al Gobierno central que modifique la ley para permitir la expulsión inmediata de inmigrantes en situación irregular, medida que llega en un contexto de creciente tensión social y policial en torno al fenómeno del ‘top manta’.
La iniciativa, impulsada por Vox y apoyada también por PP y PSOE —con la abstención del grupo municipal OSP—, busca reforzar la presencia policial en zonas turísticas como el paseo marítimo, desmantelar redes organizadas de venta ilegal y coordinar actuaciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado. El concejal de Vox, Eugenio Moltó, defendió que “no se puede normalizar la ocupación ilegal de espacios públicos” y acusó al Gobierno central de fomentar una “invasión migratoria” que favorece la proliferación de estas mafias.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del PP, José Eduardo Díaz, advirtió que el discurso de Vox genera una alarma innecesaria y puede dañar la imagen turística de Marbella. Desde el PSOE, la concejala Sonia Pérez criticó que la propuesta vincule inmigración y delincuencia, tachándola de “racista y clasista”, aunque su partido también apoyó la moción.
Incidentes y creciente polémica
El endurecimiento de las medidas llega tras un incidente ocurrido el pasado sábado 19 de julio en la playa del Faro, que ha encendido las redes sociales y suscitado un debate público. Un vídeo grabado por un testigo muestra cómo un agente de la Policía Local propina varias bofetadas a un bañista que había increpado a los policías tras presenciar una actuación calificada de “violenta” contra manteros.
La escena terminó con la detención de dos personas y ha generado numerosas preguntas sobre la gestión policial del problema. Según la alcaldesa Ángeles Muñoz, “la policía actúa siempre en defensa de la legalidad”, y aclaró que en el caso hubo “una agresión previa a los agentes”.
En otra grabación viral se observa cómo varios agentes persiguen a vendedores ambulantes por el paseo marítimo e incluso empujan a uno cerca de un restaurante. Pablo Rancaño, uno de los detenidos tras intervenir para mediar pacíficamente, denunció haber recibido trato violento durante su arresto y que, pese a solicitar asistencia médica, ésta no fue registrada en el expediente judicial. Ahora se enfrenta a cargos de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia.
El marco legal que regula el ‘top manta’
Aunque socialmente se perciba como una infracción menor o una simple molestia, la venta ambulante ilegal de productos falsificados es un delito contra la propiedad industrial, según el artículo 274 del Código Penal. No es necesario que la falsificación sea exacta; basta con que los productos sean confundibles con marcas registradas, protegiendo así el prestigio y valor comercial de las mismas.
Este delito es perseguible de oficio, por lo que las fuerzas de seguridad deben actuar aunque no haya denuncia previa. Las penas pueden llegar hasta los 2 años de prisión, aunque suelen aplicarse atenuantes cuando se trata de personas sin antecedentes o en situación vulnerable.
Desde el punto de vista policial, la actuación debe ser rápida y segura, especialmente en zonas con alta afluencia turística. La confiscación de mercancía y la presentación de pruebas son obligatorias para sustentar la persecución judicial. Sin embargo, estas intervenciones generan un debate moral y social sobre cómo abordar un fenómeno que también tiene componentes de vulnerabilidad y exclusión social.
Balance y críticas en el Ayuntamiento
Además del debate sobre el ‘top manta’, el Pleno aprobó la reorganización de cargos directivos municipales para optimizar la gestión de áreas clave como empleo, limpieza y tecnologías. También se presentó el balance económico de 2024, con un superávit de casi 38 millones de euros, destacando la buena salud financiera del Ayuntamiento.
Mientras tanto, el problema de la venta ambulante ilegal y la inmigración irregular sigue siendo foco de atención y tensión en Marbella, en un momento en que la ciudad busca proteger su imagen turística y mantener la convivencia ciudadana.
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