La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe sobre la asistencia técnica, económica y material a municipios por parte de la Diputación de Córdoba durante el ejercicio de 2023 en el que se recomienda «dotar con mayores recursos el personal funcionario con habilitación nacional», así como «analizar la distribución y composición de la plantilla con responsabilidades de asistencia a municipios» para proporcionar «recursos humanos y medios técnicos suficientes y adecuados» con el objetivo de ofrecer una ayuda «acorde con las necesidades» de los pueblos y «ampliar los ámbitos de asesoramiento».
Según ha informado la Cámara de Cuentas en una nota, el informe viene motivado para «valorar la asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios de su ámbito territorial como función esencial de estas entidades supramunicipales», que deben «garantizar la prestación integral de servicios públicos de competencia municipal de manera sostenible y de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
Así las cosas, el informe recoge, entre otros aspectos, que el trabajo de fiscalización ha constatado que la Diputación «ha prestado asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de su ámbito territorial, en cumplimiento de la obligación prevista» en la ley, además de realizar «las suplencias en el ejercicio de las funciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en los municipios que han solicitado esta asistencia».
Sin embargo, el estudio señala que «el número de funcionarios de habilitación nacional disponibles para llevar a cabo estas funciones reservadas (tres funcionarios) es reducido en relación con el número de municipios de la provincia que tienen sus plazas cubiertas de forma provisional (32 municipios de los 70 menores de 20.000 habitantes)».
Asimismo, se expone en el informe que la media de rendición de cuentas de los municipios de la provincia de Córdoba en el ejercicio 2023 «se situó en el 40,26% y los municipios menores de 1.000 habitantes tienen una rendición media del 16,67%. En cuanto a la remisión de información obligatoria a la Cámara de Cuentas también presenta porcentajes bajos (convenios 28,58%, contratos 41,43% y control interno 55,71%)».
Igualmente, la Cámara remarca que la institución provincial «no dispone de un sistema de contabilidad analítica que permita calcular de forma adecuada el coste de los servicios», lo que impide «conocer y ofrecer información del coste de los servicios como se exige en la normativa contable» y «ejercer una adecuada coordinación». Además, señala que la entidad «regula por norma provincial la asistencia económica para la realización de inversiones, actividades y servicios de competencia municipal, mediante planes, programas y otros instrumentos de cooperación» en cumplimiento de la ley y «los planes y programas provinciales de asistencia económica han sido aprobados por el Pleno» provincial.
El informe también señala que «no consta que la Diputación realice una evaluación continua sobre los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales de los planes o programas de asistencia económica aprobados», así como «la falta de una normativa integral y procedimientos generales que establezcan una tramitación homogénea en el ámbito asistencial», una «carencia» que «puede generar dificultades, tanto para las entidades locales, en el momento de solicitar los servicios, como para la propia Diputación«.
Respecto a la plantilla de la Diputación, el estudio detalla que «solo el 13,43% de la plantilla está directamente asignado al ejercicio de las funciones propias de asistencias técnicas y asesoramiento jurídico», mientras «otros 123 trabajadores (11,31%) dedican una parte de su jornada laboral a funciones relacionadas con funciones de asistencia, principalmente en materias de administración electrónica, protección de datos, transparencia, inventarios y medio ambiente».
Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los ayuntamientos por la asistencia recibida de la Diputación, se ha remitido un cuestionario a «una muestra de 30 municipios incluidos en su ámbito territorial de actuación de los que se han recibido un total de 26 respuestas, resultando un grado de satisfacción media de 7,7 puntos sobre 10».
Recomendaciones de la Cámara
Por todo ello, la Cámara de Cuentas recomienda a la institución provincial «aprobar una normativa conjunta reguladora de la asistencia que presta a los municipios de su ámbito de actuación» y «actualizar la normativa actual con el fin de disponer de criterios para determinar la organización del servicio y reglar la ejecución de las funciones de asistencia».
También propone «revisar el organigrama con el objetivo de centralizar las funciones de asistencia a municipios y optimizar la coordinación con las entidades dependientes en el desarrollo de esta actividad», así como «analizar la distribución y composición de la plantilla con responsabilidades de asistencia a municipios, con el fin de dotarla de recursos humanos y medios técnicos suficientes y adecuados que permita ofrecer una asistencia acorde con las necesidades de los municipios y ampliar los ámbitos de asesoramiento».
«Implantar un sistema informático de registro y gestión de las solicitudes de asistencia, que permita recoger las distintas situaciones que puedan presentar los expedientes y realizar cálculo de los plazos en función de las distintas fases de tramitación y tipo de expediente» y «dotar con mayores recursos el personal funcionario con habilitación nacional, con el fin de poder promover el asesoramiento en materia de control financiero y auditoría pública», son otras de las recomendaciones.
Por último se sugiere «ampliar la oferta de cursos de formación dirigidos al personal técnico de los ayuntamientos con el fin de mejorar progresivamente los niveles de rendición de cuentas y remisión de información», así como «promover la cooperación entre las diputaciones provinciales», lo que «permitiría compartir recursos, conocimientos y experiencias para abordar de manera más efectiva las necesidades locales, ofreciendo así un servicio público de calidad y una gestión más sostenible de los recursos».