La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba ha expresado su «profunda preocupación e indignación» ante la falta de claridad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre cuándo entrará en vigor la obligación de incluir el plan de abonado en el cuaderno de explotación agrícola.
Esta nueva exigencia normativa obliga a los agricultores a documentar detalladamente el uso de fertilizantes en sus tierras, una medida que forma parte de los controles administrativos que deben cumplir las explotaciones agrarias para acceder a determinadas ayudas y subvenciones.
Fechas contradictorias generan confusión
El problema surge de la publicación de normativas con fechas diferentes. Inicialmente, el Real Decreto 1051/2022 establecía que esta obligación comenzaría el 1 de septiembre de 2025 para todas las explotaciones, excepto para aquellas menores de 50 hectáreas de secano, que tendrían de plazo hasta el 1 de septiembre de 2026.
Sin embargo, la reciente aprobación del Real Decreto 34/2025, que modifica aspectos del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX), el Registro de Explotaciones de Andalucía (REA) y el Cuaderno de Explotación (CUE), ha introducido nuevas dudas sobre los plazos reales de aplicación.
Estos sistemas de información son herramientas digitales donde los agricultores deben registrar datos sobre sus cultivos, tratamientos y prácticas agrícolas para cumplir con las exigencias administrativas europeas y nacionales.
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El Ministerio reconoce que trabaja en modificaciones
Ante esta situación, Asaja Córdoba solicitó una reunión con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía a principios de julio para abordar esta problemática. La consejería trasladó posteriormente las preocupaciones de la asociación al Ministerio de Agricultura en busca de aclaraciones.
La respuesta del Ministerio fue reveladora: reconoció que está tramitando una modificación del Real Decreto 1051/2022 para retrasar «con carácter retroactivo» la entrada en vigor de estas obligaciones. No obstante, a pocos días de la supuesta fecha de aplicación, no existe ninguna confirmación oficial de este cambio normativo.
Esta situación deja a los agricultores en lo que Asaja califica como «una situación de absoluta inseguridad jurídica», sin saber si deben cumplir con las nuevas exigencias a partir del próximo 1 de septiembre o si habrá un aplazamiento oficial.
Críticas a la gestión ministerial
La asociación ha censurado duramente la «falta de seriedad y previsión del ministerio», señalando que no puede mantener «en la incertidumbre a miles de agricultores sin ofrecer una comunicación clara, concreta y oficial sobre la entrada en vigor de una normativa que afecta directamente a la gestión diaria de sus explotaciones».
Los representantes de Asaja consideran que esta situación refleja una improvisación que perjudica gravemente al sector agrario, que necesita certeza para planificar sus actividades y cumplir con sus obligaciones administrativas.
Llamamiento contra el exceso de burocracia
Más allá de las fechas, Asaja ha aprovechado para criticar el aumento de la carga burocrática que sufren los agricultores españoles. La asociación recuerda que la Comisión Europea está trabajando en un paquete de propuestas para simplificar la Política Agrícola Común (PAC), precisamente con el objetivo de reducir la carga administrativa del sector.
En este contexto, consideran que «no tiene sentido que se implemente más burocracia de la que ya existe en el sector». Por ello, proponen que el Ministerio espere al nuevo periodo de la PAC para implementar cualquier medida adicional, evitando así que se exija a los agricultores españoles «más carga administrativa de la que se le exige al resto de europeos».
Asaja Córdoba ha exigido al Ministerio que aclare y publique «de manera inmediata» las fechas definitivas de aplicación del plan de abonado, poniendo fin a una incertidumbre que consideran inadmisible a estas alturas.
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