El grupo municipal Hacemos Córdoba ha instado al Gobierno local del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de la capital a abandonar la opacidad y colaborar con colectivos sociales y vecinales para establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) efectiva en la ciudad. Tras casi tres años de retrasos, aún no se ha hecho pública la auditoría contratada en noviembre de 2022 para evaluar la viabilidad y aplicación de esta medida, que debería haberse entregado hace más de un año.
En un comunicado, la coalición de izquierdas va más allá de reclamar transparencia. Insisten en que el verdadero problema radica en la falta de voluntad política para promover un modelo urbano más saludable y sostenible. Por ello, demandan que el Ejecutivo municipal convoque de inmediato un foro de trabajo con todos los actores implicados: sociales, técnicos e institucionales. El objetivo es diseñar y aplicar medidas concretas, audaces y eficaces que mejoren la calidad del aire, reduzcan el tráfico rodado y fomenten una movilidad más equitativa.
Tanto Hacemos Córdoba como el Consejo del Movimiento Ciudadano han solicitado acceso a esa auditoría pendiente. No solo para conocer sus datos, sino para usarla como base en una nueva planificación urbana que cumpla con la legislación y proteja la salud pública. «Lo importante no es solo tener un informe, sino ponerlo sobre la mesa y empezar a actuar. Llevamos demasiado tiempo esperando», han manifestado desde el grupo.
La ZBE actual en Córdoba, que se limita a equiparar con la zona Acire (un área de circulación restringida para residentes), se considera una solución provisional y mal planificada. Según Hacemos Córdoba, no ha logrado los objetivos legales: no reduce el tráfico, no mejora la eficiencia energética ni impacta positivamente en la calidad del aire. Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas donde se restringe el acceso a vehículos contaminantes, como coches diésel antiguos o de gasolina sin etiqueta ambiental, para combatir la polución y promover transportes alternativos como el público o la bicicleta.
Esta exigencia se ampara en la normativa nacional. La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, y el Real Decreto 1052/2022 obligan a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con ZBE efectivas desde el 1 de enero de 2023. En Córdoba, sin embargo, «ni está ni se le espera», lamentan desde la coalición. Mientras otras ciudades españolas avanzan en estas políticas, la capital cordobesa carece de hoja de ruta, debate público y acciones concretas. «El PP ha apostado por esconder los datos, retrasarlo todo y mirar hacia otro lado», han criticado.
La situación es especialmente grave dada la calidad del aire en la ciudad. La Agencia Europea de Medio Ambiente la sitúa como una de las peores en Europa en este aspecto. Hacemos Córdoba subraya que se trata de un asunto de salud pública: cada año, cientos de personas mueren por enfermedades agravadas por la contaminación atmosférica, como problemas respiratorios o cardiovasculares. «El alcalde prefiere seguir vendiendo humo en lugar de garantizar aire limpio», han reprochado.
Finalmente, el grupo recalca la urgencia: «El momento de actuar es ahora». Córdoba no puede permitirse más demoras, por lo que insisten en reunirse de inmediato para construir una ZBE útil y funcional. Esta debe priorizar la salud y el bienestar de los ciudadanos por encima del inmovilismo político del PP. Con esta llamada, Hacemos Córdoba busca impulsar un cambio real hacia una ciudad más verde y habitable, alineada con las exigencias europeas y nacionales en materia ambiental.
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