El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a una mujer a dos años de prisión y a una multa de 12 meses por un delito de obstrucción a la Justicia. La sentencia considera probado que la acusada amenazó e intimidó a un abogado con el objetivo de influir en un procedimiento judicial en el que este profesional actuaba como acusación particular.
El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, que ejerció la acusación particular en el caso, ha valorado la sentencia, destacando la importancia de proteger a los profesionales del derecho. «No podemos admitir que los abogados, en el ejercicio de sus funciones, se enfrenten a situaciones que comprometan su libertad, su independencia y su integridad», ha afirmado.
Unas amenazas con un claro propósito
Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2023. La mujer se presentó en el despacho del abogado mientras este atendía a otro cliente. Según la sentencia, le dirigió «manifestaciones con un claro carácter intimidatorio» y lo amenazó de muerte, tanto a él como a sus hijos. El objetivo de la acusada era condicionar la labor de defensa que el letrado había realizado en un juicio anterior.
El tribunal considera que estas expresiones pretendían «alterar el desarrollo de la actuación procesal del abogado», lo que encaja en el tipo penal de obstrucción a la Justicia. La sentencia explica que este delito absorbe al de amenazas, ya que la finalidad específica de influir en un sujeto procesal —en este caso, un abogado— está más protegida por la ley. Además, el tribunal se basa en el testimonio de los testigos para corroborar que las expresiones de la mujer tenían el propósito de causar temor en el letrado.
El Colegio de la Abogacía, en defensa de los letrados
Carlos Arias ha subrayado que esta condena es un reconocimiento a la necesidad de salvaguardar la labor de los abogados frente a cualquier intento de intimidación. Esto garantiza que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo con «plena independencia y respeto a la legalidad».
El decano ha querido lanzar un mensaje claro a la ciudadanía, advirtiendo que es «intolerable» cualquier intento de influir en el trabajo de los abogados a través de coacciones o amenazas, y que quienes lo hagan «corren el riesgo de ser condenados por ello».
Arias ha asegurado que el Colegio de la Abogacía de Córdoba siempre estará «pendiente para combatir este tipo de conductas» y brindará amparo a sus colegiados cuando se produzcan «injerencias de cualquier tipo», garantizando así el libre ejercicio del derecho de defensa.
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