El Ministerio de Vivienda ha ordenado la retirada inmediata de 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía de todas las plataformas digitales. La medida, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez, sería la mayor operación contra el fraude en alquileres turísticos registrada hasta la fecha en España y forma parte de la última medida estrella anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga para arropar a María Jesús Montero, futura candidata del PSOE a la presidencia de la Junta.
Los alojamientos afectados habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero fueron rechazados por no cumplir los requisitos legales establecidos. Las plataformas digitales deberán proceder ahora a eliminar estos anuncios, que pueden estar comercializándose simultáneamente en varios portales.
El Ministerio notifica a empresas como Airbnb que eliminen anuncios de alojamientos sin registro válido tras detectar irregularidades masivas
España se ha convertido en el primer país europeo en implementar el Registro único de alojamientos temporales, desarrollado en colaboración con el Colegio de Registradores. Esta herramienta permite cruzar datos entre el registro oficial y las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital.
Málaga lidera rechazos
Desde el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes en todo el territorio nacional. De estas, 264.998 corresponden a alquileres turísticos, lo que representa el 78,75% del total. Sin embargo, 53.876 solicitudes han sido revocadas por incumplimientos normativos.
Los municipios andaluces con mayor número de solicitudes revocadas son Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Málaga (1.471), Benalmádena (926) y Fuengirola (686). Por provincias, Málaga encabeza con 8.014 rechazos, seguida de Cádiz (2.849) y Sevilla (2.533). El proceso de revocación se produce cuando las solicitudes contienen datos incompletos o no acordes a la normativa vigente y no son subsanadas en el plazo establecido por el Colegio de Registradores.
La Comunidad de Madrid presenta «la gran anomalía» según fuentes ministeriales: el 83% de las solicitudes se registran como alquileres temporales y solo el 17% como turísticos, invirtiendo la tendencia nacional. De las 3.513 solicitudes turísticas madrileñas, más de un tercio han sido rechazadas.
«Con el registro y la Ventanilla Única Digital, buscamos preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades», señalan fuentes del Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez.
La medida se enmarca en la estrategia gubernamental para regular un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, generando tensiones en el mercado inmobiliario y transformando el carácter de numerosos barrios urbanos.
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