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Sevilla lidera el ranking de pisos turísticos ilegales y el Ayuntamiento carga contra el Gobierno

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha criticado este lunes la ley estatal sobre viviendas de uso turístico al considerar que «pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos», al tiempo que ha apostillado que «es una incoherencia de Pedro Sánchez».

La crítica se ha producido en el marco del anuncio del Ministerio de Vivienda este domingo, 14 de septiembre, que declaraba que Sevilla se ha convertido con 2.289 pisos en la ciudad andaluza con más alojamientos turísticos ilegales detectados, seguida de Marbella (1.802), Málaga (1.471) y Benalmádena (926).

Limitación de viviendas

Según ha añadido en este sentido el delegado, Sevilla fue en 2024 la primera ciudad andaluza que aprobó en pleno un acuerdo para la limitación viviendas de uso turístico por barrios.

Desde entonces, según han asegurado fuentes municipales, se ha propuesto a la Junta de Andalucía que cancele las viviendas ilegales. Así, de las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 han sido denegadas «al encontrarse en zonas saturadas».

El Ayuntamiento de Sevilla pide a la Junta «un decreto más duro» para las viviendas turísticas

Por su parte, ha indicado que la ciudad hispalense ha firmado un convenio en abril de este año con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía para intercambiar datos y aplicar las medidas implantadas por el Gobierno de España para el control de las viviendas turísticas, «obligando a los propietarios a tener inscritos en el registro de la propiedad la condición de vivienda de uso turístico».

De esta manera, según ha recalcado el responsable de Urbanismo, las viviendas que se declaran ilegales se remiten a la Junta para que procedan a iniciar el proceso de cancelación. Desde octubre del 2024 hasta, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 Viviendas de uso turístico (VUT) para su cancelación.

Por último, el gobierno local ha señalado que se han llevado a cabo medidas disciplinarias tales como paralizaciones de uso y cortes de agua, en el momento que se detecta un uso ilegal.

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