El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha pospuesto las declaraciones previstas en el marco de la investigación abierta tras la querella presentada por la empresa Cárnicas Sierra Nevada, cuya planta ubicada en el municipio de Cájar fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por la presencia de Listeria monocytogenes. Entre los investigados se encuentra el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos, así como varios cargos e inspectores de la Administración autonómica.
El proceso judicial, que busca esclarecer si existieron irregularidades en la actuación de la Junta, ha suscitado una fuerte controversia entre la empresa denunciante y las autoridades sanitarias, en un caso que ha puesto en el foco los protocolos de control alimentario y la actuación institucional ante alertas sanitarias.
Investigados por prevaricación y otros delitos graves
Las comparecencias ante el juez, que estaban fijadas inicialmente para los días 14 y 15 de julio, se celebrarán finalmente el 23 y el 28 de octubre tras una solicitud de aplazamiento presentada por la parte denunciante. En total, hay nueve personas investigadas, incluidos el delegado provincial de Salud, inspectores, funcionarios públicos y técnicos de sanidad. La querella incluye también a la Junta de Andalucía como posible responsable civil subsidiaria.
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La empresa Cárnicas Sierra Nevada, que cesó su actividad tras este episodio, acusa a los responsables públicos de una larga lista de delitos: prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, coacciones, denuncia falsa, falso testimonio, y pertenencia a organización criminal. Desde la compañía aseguran que “no hubo ningún afectado” por los productos y se preguntan “qué es lo que esconde la Administración” con un cierre que califican de desproporcionado.
Desde la Junta de Andalucía, por su parte, se defendió en su momento la actuación de la Delegación Territorial, subrayando que se llevó a cabo “en el marco de la responsabilidad de proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los consumidores y de las propias empresas”.
Alerta por listeria que acabó con el cierre de la empresa
La alerta alimentaria fue emitida a finales de octubre de 2023 por la Consejería de Salud y Consumo, tras detectar Listeria monocytogenes en productos cárnicos distribuidos en varias provincias andaluzas, concretamente en Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, así como en un establecimiento de las Islas Baleares. Aunque no se registraron afectados por consumo de estos productos, se procedió a su inmovilización cautelar y se inició un expediente informativo.
La Guardia Civil también abrió diligencias ese mismo año en relación con dos personas vinculadas a la empresa, dentro de una investigación coordinada con la Junta que derivó en un cierre inicial de las instalaciones y la posterior limitación de la actividad de la cárnica a labores de mantenimiento industrial.
La situación provocó un fuerte impacto empresarial y abrió un frente judicial aún en curso, que pone sobre la mesa el difícil equilibrio entre la protección de la salud pública y la garantía del derecho a la actividad económica de las empresas alimentarias, especialmente en casos donde no se han constatado daños a consumidores.
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