Un sistema diseñado para garantizar la seguridad de quienes han cometido actos de violencia de género no puedan acercarse a sus víctimas. Un sistema que deberia ser infalible. Debería tener una eficacia del 100%. Un fallo técnico, que se produjo el año pasado pero hemos conocido ahora, desata una tormenta política. Se han destapado las grietas a un sistema Cometa que, desde 2009 se encarga del seguimiento telemático de agresores mediante pulseras antimaltrato, que, a raíz de este fallo, aparece en el ojo del huracán poniendo en entredicho su eficacia. Y nadie quiere quedarse con la patata caliente. Se la van pasando de unos a otros, sin asumir ninguna responsabilidad.
¿Qué ocurrió?
Hasta finales de 2023, Telefónica con Securitas Direct era responsable del sistema, pero tras un nuevo proceso de licitación, la Unión Temporal de Empresas formada por Vodafone y Securitas asumió el contrato. El servicio que gestiona las pulseras de control de maltratadores (Cometa) fue adjudicado a otra empresa y en ese proceso de transición hubo un fallo en la migración de datos que hizo que se perdiera, temporalmente, la información sobre la ubicación de los hombres anterior al 20 de marzo de 2024.
La información sobre los movimientos de agresores con pulseras anteriores al 20 de marzo de 2024 dejó de estar accesible para los juzgados. Este vacío impidió aportar pruebas de quebrantamientos de órdenes de alejamiento en varios casos judiciales, derivando en sobreseimientos provisionales o absoluciones por falta de prueba.
Los procesos judiciales resultaron directamente afectados, ya que algunos casos dependían de la localización del agresor para demostrar violaciones de las órdenes de alejamiento. Al no poder acceder a los datos, las víctimas vieron cómo algunos procedimientos se cerraban sin resolución favorable. Este fallo de las pulseras antimaltrato, entre octubre de 2023 y febrero de 2024, ha mantenido un vacío de al menos cuatro meses.
Nadie asume la responsabilidad
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que «no había fallo en las pulseras y que seguiría funcionando». La explicación del ministerio es clara: el sistema en sí no falló. Lo que ocurrió fue un problema durante el traspaso de datos de Telefónica, adjudicataria hasta 2023, a una UTE formada por Vodafone y Securitas. Según Redondo, el impacto fue mínimo: «Prácticamente ninguno quedó en libertad de forma injusta. Solo afectó al 1% de los casos».
El incidente deja interrogantes. Desde Igualdad señalan a la Fiscalía por «hacer valoraciones vacías» y subrayan que las incidencias eran puntuales. La propia Fiscalía, que en un primer momento habló de «una gran cantidad» de casos afectados, ha reconocido después que fueron «puntuales». Por su parte, alerta de problemas en municipios pequeños, donde respetar la distancia mínima de 500 metros es complicado, en zonas rurales con mala cobertura y por la demora de los técnicos para acudir a los casos.
La oposición política, principalmente el Partido Popular, ha exigido explicaciones y responsabiliza directamente al Ministerio, llegando incluso a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. Se ha convocado una sesión monográfica en el Senado para analizar la gestión del sistema y exigir responsabilidades sobre este escándalo.
Situación actual
Según el Ministerio de Igualdad, los problemas de migración quedaron solucionados a finales de 2024, y desde principios de 2025 los juzgados tienen acceso a todos los datos necesarios.
No obstante, las quejas no han cesado. Varias asociaciones que ayudan a las víctimas han afirmado públicamente que las mujeres llevan tiempo denunciando que los dispositivos de control al maltratador fallan en zonas con mala cobertura telefónica, principalmente en el entorno rural, se quedan obsoletos, se quitan con más facilidad desde que se colocan en la muñeca en lugar del tobillo y su recarga de batería depende de la voluntad de los maltratadores.
¿Cómo funcionan?
Los juzgados pueden instalar pulseras de geolocalización en agresores con orden de alejamiento, mientras que a las víctimas se les proporciona un teléfono inteligente que alerta si el agresor se aproxima. Su objetivo es garantizar la seguridad de la víctima, documentar posibles incumplimientos y disuadir al agresor.
La pulsera detecta manipulaciones, tiene una vida útil de 12 meses y se puede cargar fácilmente. El teléfono de la víctima permite recibir alertas, hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar mensajes de emergencia, incluso detecta caídas.
Si el agresor viola la orden o se manipula la pulsera, el sistema alerta al Centro Cometa, que puede contactar al agresor, a las fuerzas de seguridad o a la víctima.
La importancia de proteger la seguridad de las víctimas
El sistema Cometa es considerado un instrumento clave en la prevención de violencia de género. Desde 2009, 21.000 mujeres han usado pulseras antimaltrato. Ninguna ha sido asesinada, y actualmente 4.515 llevan el dispositivo activo.
El debate actual gira en torno a quién debe asumir la responsabilidad de los fallos: el Ministerio de Igualdad, la empresa adjudicataria, las autoridades que supervisan los contratos o incluso Fiscal que deben garantizar que el servicio funcione correctamente. Algunos expertos señalan debilidades estructurales derivadas de la externalización de servicios sensibles y de criterios de adjudicación que priorizaron el coste sobre otras garantías esenciales.