La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado este martes el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la investigación por presuntas contrataciones irregulares en la Diputación pacense. La decisión judicial supone la apertura de juicio oral no solo contra él, sino también contra otros diez investigados, entre los que figura Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz.
El tribunal respalda así el auto dictado en abril por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, al considerar que existen indicios suficientes de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El punto de fricción está en el nombramiento de David Sánchez como jefe de la oficina de artes escénicas de la Diputación en 2017, un puesto que, según la investigación, habría sido creado ‘ad hoc’ para él.
Una posición delicada
El caso, que ha generado un notable impacto político en Extremadura y a nivel nacional, coloca en una posición delicada tanto al hermano del presidente como a dirigentes socialistas de primer nivel en la región. La instrucción judicial apunta a que el proceso de contratación no respondió a criterios de igualdad, mérito y capacidad, sino a una maniobra concertada para situar a Sánchez en un cargo público relevante.
Miguel Ángel Gallardo, que presidía entonces la Diputación y que hoy lidera el PSOE extremeño, también se enfrenta al proceso judicial. Su implicación añade más presión a una formación que, tras perder la Junta en las últimas autonómicas, se encuentra en plena recomposición interna.
Con la confirmación del procesamiento, el caso avanza hacia la celebración del juicio oral, en el que la Fiscalía y las acusaciones particulares podrán exponer sus argumentos y pruebas. Será entonces cuando se determine si las sospechas de irregularidades se convierten en responsabilidades penales.
Mientras tanto, el asunto continúa alimentando el debate político, ya que salpica directamente a la familia del jefe del Ejecutivo central y amenaza con tener repercusión en el discurso de la oposición, que ya ha utilizado este caso como arma de desgaste.
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