La puesta en marcha efectiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada está a la vuelta de la esquina y la ciudad ya se prepara para su implantación definitiva. Las señales ya están ubicadas en los accesos a la capital y, sobre el asfalto, las iniciales de este espacio delimitan el perímetro donde se pretende rebajar la polución. Porque, aunque funciona desde hace meses –entró en vigor el pasado 9 de mayo-, será a partir del próximo 1 de octubre cuando todo vehículo no registrado en la capital que cruce los límites sin distintivo ambiental ni autorización especial será multado. La cuenta atrás ha empezado y progresa inexorablemente pese a la controversia que todavía despierta la medida.
La Zona de Bajas Emisiones ya está activa en Granada, pero sin multas
La aplicación de la normativa que comprende la ZBE, en concreto, restringe el acceso al núcleo de la ciudad a los vehículos más contaminantes que no hayan sido matriculados en el municipio de Granada. Estos son aquellos que no disponen de distintivo medioambiental; es decir, aquellos que funcionen con gasolina y fueran fabricados antes de 2001 y los de diésel anteriores a 2006. Los transportes que tengan el domicilio fiscal en la capital, en cambio, sí podrán acceder al perímetro de contaminación reducida con independencia de su catalogación ambiental.
Cruce de reproches
Es en esta distinción donde aún reside el quid de los desencuentros entre las instituciones. Municipios como Armilla y Maracena cargan contra el Ayuntamiento de la capital por la medida, al igual que lo hacen los grupos de la oposición. El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, reivindicó este martes una ZBE que “priorice” la salud de la ciudadanía y la calidad del aire tanto en la ciudad como en el área metropolitana, además de reclamar a Marifrán Carazo que no “castigue a la ciudadanía del resto de la provincia”.
La formación socialista ha anunciado del mismo modo que presentará mociones en los consistorios y la Diputación para exigir la paralización de las multas, a fin de ajustar de otra manera el régimen sancionador. El primer teniente de alcalde de Granada y portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, en respuesta, ha señalado que la ZBE es “una obligación legal” y que está destinada a mejorar la calidad del aire, asociada, ha sostenido, a un “problema de salud de los granadinos”.
Reproches que cruzan de un lado a otro en lo que la aplicación efectiva de la normativa propia de la medida se asoma. En tan solo ocho días, comenzarán a caer las multas. Apenas una semana para que el semáforo de la ZBE de Granada se ponga en verde.