La Audiencia Nacional (AN) ha acordado aplazar para el considerado socio del excomisario jubilado José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, el juicio por la presunta investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano debido a su estado de salud.
Redondo alegó en la primera jornada del juicio que una reciente operación le dificulta estar en condiciones de defenderse y, tras ser revisado por médicos, el tribunal ha aceptado esa petición, según han confirmado fuentes jurídicas este martes.
Así las cosas, Redondo será juzgado en otro momento, lo que no impide que el juicio continúe contra el resto de acusados: Villarejo y varios expolicías por el presunto encargo sobre el empresario a instancias de Marzena Katarzina, que buscaba trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba por una disputa inmobiliaria.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los acusados los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide nueve años de cárcel para Villarejo.
Y pide ocho años de prisión para el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, así como cuatro años y nueve meses para Redondo y el exinspector Antonio Bonilla, en el marco de esa pieza del ‘caso Tándem’.
Aunque en un principio el Ministerio Público reclamaba nueve años para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, finalmente no será juzgado en esta pieza porque el juez de instrucción acordó el archivo provisional en lo referente a él debido al ictus que sufrió en mayo de 2022 que conllevó a una «incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad».
Origen del conflicto
Según Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie –integrada en dicho grupo–, el encargo realizado por Katarzina para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez Zotano, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.
«Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad», indica en su escrito de acusación, recogido por esta agencia de noticias.
En la ejecución del citado encargo -tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Zotano- «intervino también, por cuenta del Grupo Cenyt y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo», añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la «organización criminal».
Según el Ministerio Público, Villarejo y en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, «con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre Zotano que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Zotano». En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.
Información sobre el empresario
Al hilo, la Fiscalía sostiene que el 18 de agosto de 2015 Riaño actuó «en connivencia con los demás encausados, sirviéndose de la posición que ocupaba en la UCAO», para hacerse –a través de sus subordinados– con el informe de actividad de Zotano».
En dicho dossier constaban «todas las escrituras públicas» que el empresario marbellí había otorgado ante «todos los notarios españoles» y que obraba en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.
En esta línea, Anticorrupción indica que «una vez obtenida la información a través de la UCAO, Riaño la remitió a Cenyt por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través de Bonilla, director de operaciones» del grupo y quien «a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015» a Redondo.
La Fiscalía asegura a su vez que Riaño consultó a través de sus subordinados los datos que de Zotano constaban en la base de datos policial ADDNIFIL, un fichero de huellas dactilares que el Cuerpo Nacional de Policías utiliza y que se nutre de los datos obtenidos de los expedientes del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según explica el Ministerio Público, «no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo Cenyt».
«Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de Cenyt, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas», expone en el escrito.
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