La organización de consumidores Facua ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Córdoba ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según la asociación, el Consistorio habría expuesto información personal de ciudadanos y entidades en envíos masivos de correos electrónicos, incumpliendo la normativa vigente en materia de privacidad.
Facua señala que al menos tres cuentas institucionales —pertenecientes a una Dirección General, a un secretario de comisión municipal y a un jefe de delegación— enviaron correos electrónicos sin utilizar la opción de copia oculta (CCO). Este descuido permitió que los destinatarios pudieran ver los correos de todos los demás, revelando datos personales sin consentimiento expreso.
De acuerdo con la denuncia, esta práctica vulnera el principio de confidencialidad establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que exige proteger la información personal y evitar su divulgación sin autorización.
La asociación también critica que los correos enviados por el Ayuntamiento no incluyeran información básica de privacidad ni identificaran al responsable del tratamiento de datos, algo que es obligatorio por ley. Estas omisiones, apunta Facua, suponen un incumplimiento del principio de transparencia recogido en el artículo 13 del RGPD y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Para la organización de consumidores, la ausencia de estas medidas evidencia una falta de diligencia en una administración pública que debería ser ejemplo en materia de protección de datos. Por ello, pide a la AEPD que investigue los hechos, lleve a cabo las inspecciones necesarias y, si se confirma la infracción, aplique las sanciones correspondientes.
Facua lamenta además que, pese a los recursos humanos y técnicos con los que cuenta el Consistorio, no se apliquen mecanismos básicos de control. La asociación advierte de que, si finalmente se impone una multa, serán los propios cordobeses quienes asuman el coste económico derivado de lo que califica como una negligencia institucional.
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