El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria, que incluirá por primera vez la tipificación de esta forma de violencia en el Código Penal y el reconocimiento de sus víctimas. Con esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, se busca dar un paso decisivo en la lucha contra una de las expresiones más crueles de la violencia de género.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya había adelantado en el Congreso la necesidad de esta reforma. En la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la titular de Igualdad señaló que “es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y tampoco en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género”.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria se entiende como aquella ejercida por un hombre contra los hijos u otros seres queridos de la mujer con el objetivo de causarle daño emocional y psicológico. Aunque en los últimos años el término ha cobrado relevancia social y mediática, hasta ahora no estaba definido explícitamente en el marco jurídico español. Esta laguna legal dificultaba el reconocimiento de las víctimas y limitaba las posibilidades de protección y reparación.
El nuevo texto legislativo contempla no solo la tipificación como delito autónomo, sino también medidas integrales para asistir a las víctimas, tanto menores como mujeres, que padecen este tipo de violencia. Además, la norma prevé recursos especializados y un marco más claro de prevención, atención y reparación del daño.
Este anteproyecto forma parte de un paquete legislativo más amplio con el que Igualdad pretende reforzar la protección frente a diferentes manifestaciones de violencia machista. En los próximos meses, el Ministerio también presentará otras dos leyes: una destinada a combatir la trata de seres humanos y otra orientada a abolir la prostitución.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso de adaptar el marco legal a la realidad de las violencias de género, avanzando hacia una mayor protección de las víctimas y una respuesta más contundente frente a los agresores.