El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular, aprobó este jueves de forma provisional las ordenanzas fiscales para 2026 en el pleno ordinario. La medida incluye una reducción del 1,21% en la fiscalidad municipal, lo que representa la séptima disminución consecutiva de impuestos desde 2019.
Según explicó la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, esta nueva bajada de impuestos y tasas supondrá que el consistorio deje de ingresar 1.906.343 euros comparado con el ejercicio anterior. La propuesta fue aprobada únicamente con los votos del equipo de gobierno, ya que toda la oposición votó en contra tras rechazarse las enmiendas presentadas por PSOE y Hacemos.
Principales reducciones fiscales
El paquete de medidas fiscales contempla varios aspectos clave que afectan a diferentes sectores de la población cordobesa. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano experimenta una bajada del 2% tanto en el tipo general como en los diferenciados, alcanzando una reducción acumulada del 5,79% desde 2019.
En el ámbito empresarial, el Impuesto sobre Actividades Económicas registra una disminución del 1%, con lo que suma un descenso acumulado del 5%. Para el sector de la construcción, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incorpora una bonificación del 50% para la instalación voluntaria de puntos de recarga de vehículos eléctricos en residencias habituales, añadiéndose a una reducción previa acumulada del 15,36%.
Medidas para hostelería y movilidad sostenible
El sector hostelero se verá especialmente beneficiado con una reducción del 25% en la tasa de veladores, lo que supone una bajada acumulada del 45% desde 2019. Esta medida busca facilitar la actividad económica de bares y restaurantes que utilizan el espacio público para sus terrazas.
En el ámbito de la movilidad sostenible, los vehículos eléctricos de cero emisiones tendrán una exención del 100% de la tasa de estacionamiento durante la primera hora. Además, se mantiene una reducción del 50% en el IBI para propiedades pertenecientes a comunidades energéticas, permitiendo ahora que los particulares puedan contratar en comunidades energéticas locales sin perder los beneficios fiscales individuales.
Respaldo técnico y legal
Torrent destacó que el proyecto cuenta con el respaldo técnico unánime de los órganos consultivos municipales. El Consejo Municipal para la Resolución de Reclamación Económico-Administrativa (CREA) confirmó que las tasas no superan el coste del servicio y que los impuestos respetan los límites legales establecidos. Por su parte, el Consejo Social de la Ciudad respaldó la suficiencia financiera y equidad de las medidas propuestas.
La edil explicó que estas modificaciones son «selectivas, prudentes y de carácter técnico», diseñadas para reforzar la seguridad jurídica y mejorar la claridad normativa. El modelo fiscal se basa en tres pilares fundamentales: un sistema más justo y moderado, el mantenimiento de los servicios públicos municipales, y el fomento de la actividad económica y creación de empleo.
Críticas de la oposición
Los grupos de oposición presentaron un total de 37 enmiendas que fueron rechazadas. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, calificó las ordenanzas como de «palo y zanahoria», argumentando que tendrán un efecto negativo sobre el presupuesto municipal. Según sus cálculos, el aumento del 53% en la tasa de basura y del 18% en la del agua generará ingresos adicionales de 1,9 millones de euros, cantidad superior a las bonificaciones propuestas.
Hurtado defendió 19 enmiendas socialistas, incluyendo facilidades tributarias para mayores de 65 años, bonificaciones en el IBI para familias vulnerables, y la aplicación de tarifas comerciales en lugar de residenciales para pisos turísticos.
Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, consideró que las ordenanzas «no son justas» al no atender criterios de progresividad fiscal. Su compañera Irene Ruiz advirtió que la pérdida de dos millones de euros en ingresos podría traducirse en menos recursos para limpieza, arreglo de calles, instalaciones deportivas y transporte público.
La portavoz de Vox, Paula Badanelli, fue más contundente en sus críticas, calificando las ordenanzas como «una nueva estafa del PP» y acusando al equipo de gobierno de presentar «una supuesta rebaja que en realidad es una subida encubierta» debido a los incrementos en servicios básicos como basura y agua.
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