La Junta de Andalucía esperará a la investigación de Fiscalía de Sevilla y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave. Todo ello, tras el suicidio de la joven estudiante, como consecuencia del acoso escolar del que, presuntamente, era víctima.
Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, en una entrevista en Canal Sur Radio, preguntada al respecto. La titular de este departamento ha remarcado que el centro, «a pesar de que había indicios suficientes para ello, no abrió los protocolos», salvo «algunas actuaciones y un seguimiento con la familia».
Castillo ha recordado que se hado traslado a la Fiscalía «por si pudiera haber responsabilidad por parte de aquellas personas que eran protagonistas de ese acoso, las acosadoras», y por otro lado, «por la propia responsabilidad que pudiera tener el centro o su profesorado desde el punto de vista penal».
Expediente administrativo
Asimismo, la consejera de Educación ha insistido en el hecho de que se ha abierto un expediente administrativo al centro y que se le ha hecho «una serie de requerimientos», del que están esperando respuesta, «qué medidas ha tomado el colegio con sus trabajadores, porque es un centro privado concertado, y por lo tanto, quien tiene que tomar medidas de tipo disciplinario con aquellos que incumplieron la normativa».
La consejera ha destacado que si el centro no activó los protocolos, «desde luego incumplió la normativa». En este sentido, «la calificación de esa normativa, las consecuencias desde el punto de vista legal, van con un procedimiento que viene establecido en la Ley Orgánica y Reguladora del Derecho a la Educación, que establece las distintas sanciones que le pueden corresponder».
De este modo, se instruye un expediente y si hay infracción leve se corrige con apercibimiento; las graves, «normalmente con sanciones de tipo económico»; y las muy graves «son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto».
«Muchas veces cuando tenemos estas situaciones de acoso, quienes las primeras las detectan son los grupos de chicos y chicas y esos son los que nos lo tienen que decir a los profesores, a sus familias y luego ellos mismos participar en la solución, apoyar siempre a la persona que es más débil», ha añadido Castillo.
Por último, la consejera ha recalcado que el sistema educativo y los centros en Andalucía «son seguros». «Es verdad que en este caso no se activa un protocolo, pero en la mayoría de los centros se activan», ha subrayado.
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