Facua Sevilla denuncia que hay inmobiliarias que siguen cobrando honorarios a inquilinos, por lo que el fraude no cesa. La federación de consumidores avisa que a pesar de los 7.000 euros de sanción impuestos al propietario de la marca Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, este no solo continúa aplicando los cargos ilegales sino que además ahora opera con otro nombre: Elite Homes Real Estate.
La asociación ha vuelto a denunciar a Francisco Javier Ortiz Riquelme ante la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras detectar más de una docena de anuncios en el portal Idealista en los que impone el pago de honorarios a inquilinos en los alquileres de inmuebles destinados a vivienda habitual. Se trata de una práctica prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Mientras espera que Consumo valore el recurso presentado a micromulta de 7.000 euros a fin de que eleve de forma considerable su cuantía, la asociación reclama al organismo de la consejería que dirige Antonio Sanz que tenga en cuenta la reincidencia en la infracción, la tipifique como muy grave e imponga una multa que incluya una sanción accesoria por la que proceda al comiso del beneficio ilícito obtenido por el empresario.
Nueva marca
Facua informa que «Elite Homes Real Estate, que ni siquiera cuenta con página web, se constituyó el pasado mes de mayo como sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en Paseo Cristina 1, 5ºA de Sevilla. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece como socia única de la nueva mercantil María Teresa Estévez Sánchez, esposa de Ortiz. En los anuncios de alquiler que publica en Idealista aparece con el nombre de Elite Homes Real Estate Javier Ortiz», que es la persona que atiende a los usuarios que se muestran interesados por sus ofertas y dice ser el «apoderado general» de la empresa.
La federación denuncia que «en sus anuncios, el negocio camufla la comisión que cobra a los inquilinos como un ‘servicios de asesoramiento e intervención durante toda la vigencia del contrato’, por lo que exige el equivalente a una mensualidad de renta más el 21% IVA».
La autoridad andaluza de protección de los consumidores minimizó la cuantía de la sanción impuesta a Javier Ortiz, está multado como persona física, situándola en el tramo inferior de las correspondientes a infracciones graves. Así, estableció tan solo 7.000 euros de multa, frente al tope de 60.000 establecido para este tipo de infracciones. Y ello además sin imponer el comiso del beneficio ilícito, como reclama FACUA en su recurso.
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