La asociación de consumidores Facua ha presentado alegaciones ante la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba contra la propuesta de tarifas de taxi para 2026 elaborada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor). Según la organización, el planteamiento incluye incrementos “injustificados” y conceptos que no deberían repercutirse en los usuarios.
Facua critica que la propuesta contempla un aumento del 2,7% respecto al año anterior sin fundamentos sólidos. La asociación sostiene que, una vez más, se trasladan a los clientes gastos que corresponden a los profesionales, como teléfono, Internet, gestoría, emisora, GPS o impresora. Estos costes, recalcan, son servicios privados que no deberían formar parte de una tarifa pública.
La organización también denuncia que Autacor ha incluido el impuesto municipal de entrada de vehículos, incluso para taxistas que no disponen de cochera. Facua considera esta medida “ilegal” y advierte que encarecerá de manera injustificada el precio final que pagan los usuarios.
Según sus cálculos, los consumidores asumirían un total de 2.242.000 euros por estos servicios externos, lo que equivale a 3.800 euros por cada una de las 509 licencias de taxi existentes en la ciudad. Esto supondría un incremento del 15,15% respecto a lo repercutido en las tarifas de 2025.
La asociación recuerda que esta práctica vulnera la normativa vigente. En concreto, señala que infringe el artículo 3.1 del Decreto 365/2009 de la Junta de Andalucía, que regula los precios autorizados en el ámbito local, y el Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española.
Facua subraya además que no todas las licencias de taxi utilizan el servicio de emisora, pese a que se pretende cobrarlo a todos los usuarios. La pertenencia a Autacor, recalcan, es voluntaria, por lo que consideran “abusivo” que se repercutan 610.800 euros en concepto de emisora dentro de una tarifa pública.
La asociación pide al Ayuntamiento que no apruebe un documento que traslada a los usuarios costes ajenos al servicio público. También alerta de que, pese a la subida de precios desde 2023 —incluyendo conceptos que consideran ilegales—, persisten las quejas por la falta de taxis en determinadas zonas y horarios.
Finalmente, Facua reprocha al consistorio que siga “mirando hacia otro lado” y no haya eliminado la reducción horaria única que afecta al sector del taxi en toda España.
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