El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha dictado una resolución en la que acuerda seguir la causa contra el exgerente de la Sociedad municipal de Aparcamientos (Smassa) Manuel Díaz por presuntos delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa y falsedad documental en relación con una trabajadora y las obras del aparcamientos de Pío Baroja de la barriada de El Palo.
Así consta en un auto en el que se acuerda dar traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que presenten un escrito en el que soliciten la apertura de juicio oral y la práctica de pruebas o el sobreseimiento de la causa. La defensa del investigado estudia si recurrir esta decisión y mantiene la inocencia.
Esta causa se abrió por la denuncia de la afectada, que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad, por supuesto acoso e irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja y tras remitir la Fiscalía lo actuado en las diligencias de investigación iniciadas a raíz de las denuncias de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento.
Procedimiento abreviado
En el auto dictado por el juzgado este pasado miércoles se acuerda seguir el caso por el trámite del procedimiento abreviado «a la vista del informe del ministerio fiscal interesando el dictado de la presente resolución, al constar en los autos motivos para pensar que el encausado podría haber incurrido en acoso laboral hacia la denunciante en el trato dado a la misma en el ámbito laboral».
Señala que esta llega «a sufrir padecimiento como consecuencia de ello», según un informe forense, «sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior, principalmente a raíz de la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo, obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades».
El auto añade que estas llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse «más de lo previsto inicialmente»; «irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante», que activó el protocolo de acoso laboral, y que antes no había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores gerentes, «sino al contrario».
El letrado José Carlos Aguilera, defensa del investigado, ha señalado que la resolución sólo describe hechos relativos al presunto acoso laboral y que se continúe la causa diciendo la jueza que los hechos que se han investigado son, «aparentemente, constitutivos de delito».
«No hay delito alguno»
El abogado ha incidido en que «no hay delito alguno» y en que su cliente «será absuelto». Además, ha manifestado que estudiará el auto «en profundidad» para ver las posibilidades de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En septiembre de 2024, el fiscal emitió un escrito en el que señalaba al «elevado número de testigos, la prolija documentación y las decisiones de dudosa fundamentación del querellado» para la continuación del procedimiento judicial por la vía penal y solicitaba el dictado del auto de procedimiento abreviado.
La defensa presentó en octubre de 2025 un escrito en el que pidió el archivo de la causa, por los argumentos que ha venido manteniendo de que no existe ni tan siquiera una ilegalidad administrativa en el procedimiento de contratación de las obras ni tampoco acoso laboral a la vista de un informe externo. A este sobreseimiento se opuso la acusación popular del PSOE, al indicar que existen indicios «suficientes de criminalidad» para continuar contra el exgerente.
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