La Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, quien financió con 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. Tal y como revelan las primeras informaciones, la detención se ha dado por orden del juez de la Audiencia Nacional que le investiga por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) al apreciar riesgo de fuga.
En el auto, el juez José Luis Calama decreta la «inmediata detención» de Romillo -alias ‘CryptoSpain’- para «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su puesta a disposición judicial este viernes, cuando ya estaba citado a declarar como imputado en la causa.
Tiene en cuenta «la gravedad de los hechos y penas a ellos inherentes, la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero» por parte del empresario y «la contundencia de las evidencias de que lideró su comisión». Calama señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria le han remitido esta semana dos informes que «ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad».
Según el juez, el empresario desarrolló un «negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio» aprovechando «su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital MIC, que se promocionaba en internet como ‘un club privado de inversión’, cuyo objetivo es ‘obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual’, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito».
«Una gran parte de las cantidades recibidas eran ingresas por los denunciantes en una cuenta bancaria de la mercantil portuguesa Sabrosso LDA», detalla. El juez indica que, a través de los canales de cooperación policial, la Policía de Singapur ha comunicado que detectaron que entre julio y agosto de 2024 una cuenta recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas, comprobando al respecto que pertenecen a dos españoles, uno de ellos Romillo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 considera que los presuntos hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal y blanqueo de capitales.
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