La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años de prisión y 2.400 euros de multa para un hombre y una mujer acusados de estafa en una operación inmobiliaria relacionada con la compra de cuatro fincas rústicas en Cúllar.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan a septiembre de 2006, cuando los procesados, ella, administradora de una promotora inmobiliaria; él, mandatario de la misma empresa, contactaron con cinco hermanos herederos de las parcelas con el objetivo de promover un proyecto de construcción de viviendas, locales comerciales y garajes.
En aquel momento, los propietarios accedieron a negociar con la promotora, que se comprometió a urbanizar y edificar sobre los terrenos, ofreciendo como contraprestación viviendas terminadas, plazas de garaje, trasteros y una cantidad económica adicional al finalizar las obras.
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Sin embargo, casi dos décadas después, el proyecto nunca se materializó y los herederos no recibieron ni los inmuebles prometidos ni compensación económica alguna, motivo por el cual la Fiscalía considera que fueron víctimas de una estafa valorada en más de 90.000 euros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar el caso el próximo 18 de noviembre, con la promotora señalada como responsable civil directa, dado que actuó a través de sus representantes legales.
Proyecto urbanístico que nunca llegó a construirse
El acuerdo también contemplaba el pago de una cantidad de dinero al finalizar las obras y establecía un plazo máximo de 22 meses desde el inicio de los trabajos, previstos para febrero de 2007. Por tanto, la entrega efectiva de los pisos debía haberse realizado en diciembre de 2008.
No obstante, según la Fiscalía, las obras nunca comenzaron ni se iniciaron trámites urbanísticos formales, pese a que los contratos estaban firmados y las fincas habían sido transmitidas a la promotora.
Los propietarios esperaron durante años algún tipo de avance o compensación, sin obtener respuesta clara. Con el paso del tiempo, y ante la ausencia total de actividad y de comunicación por parte de la empresa, se sintieron engañados y denunciaron los hechos.
Para la Fiscalía, la actuación de los acusados revela una intención inicial de engaño, ya que “no existía un proyecto real, ni medios financieros suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos”.
Juicio en la Audiencia de Granada
En este caso, el Ministerio Fiscal solicita para cada acusado dos años de cárcel y 2.400 euros de multa, además de que la promotora inmobiliaria, como persona jurídica, sea declarada responsable civil directa, es decir, obligada a indemnizar a los afectados por el perjuicio causado.
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El caso se enmarca en un contexto de estafas urbanísticas registradas en la provincia durante los años previos a la crisis inmobiliaria de 2008, en las que numerosos promotores firmaban acuerdos de permuta o venta de suelo con promesas de construcción que luego no se cumplían.
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