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Las tres menores investigadas por el presunto acoso a Sandra Peña declaran ante la Fiscalía

Las tres menores investigadas por el presunto acoso escolar que sufrió Sandra Peña, la adolescente que se suicidó el pasado 14 de octubre, han comparecido este lunes ante la Fiscalía de Menores. Las jóvenes llegaron en dos coches y accedieron al edificio judicial por el garaje, evitando ser fotografiadas por la prensa.

Cada menor estaba citada en intervalos de media hora: la primera a las 9.30, la segunda a las 10.00 y la tercera a las 10.30. Se espera que estos trámites se prolonguen durante toda la mañana, como es habitual en casos de este tipo. Las declaraciones se han prolongado hasta las 13.30 horas.

La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes: uno de reforma juvenil, que investiga la posible implicación de las menores en los hechos, y otro de supervisión, destinado a evaluar la actuación del colegio Irlandesas Loreto. La investigación sigue recabando testimonios y documentos tras la entrega del informe del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional.

Testimonios previos

Estas declaraciones se producen después de que el Grupo de Menores de la Policía Nacional tomara declaración a las investigadas, con una de ellas acogida a su derecho a no declarar y las otras dos ofreciendo su versión. El informe policial ya está en manos de la Fiscalía, que continúa citando a testigos e implicados.

El pasado 12 de noviembre, los padres de Sandra comparecieron como testigos perjudicados, con la madre testificando durante más de tres horas y el padre durante media hora.

Los padres de Sandra Peña exigen a la Fiscalía una sanción «contundente y ejemplarizante» para el colegio

Ese mismo día también comparecieron el director del colegio Irlandesas Loreto y parte del equipo educativo. Argumentaron que se activaron medidas internas para proteger a la estudiante, como su reubicación en otra clase y la designación de personal de referencia, aunque admitieron que no se registraron en la plataforma oficial Séneca.

Aun así, la Junta de Andalucía ya había denunciado que el protocolo antiacoso establecido no fue puesto en marcha, lo que motivó la apertura de diligencias contra el centro.

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