Por ahora, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, se encuentra estable. O así lo ha comunicado Oriol Pujol Ferrusola, exdiputado de CiU en el Parlament e hijo de Jordi Pujol. En estos momentos, presenta una evolución «positiva» tras ser hospitalizado el domingo por una neumonía en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
«La fiebre prácticamente le ha desaparecido», comenta su hijo y recoge Andalucía Información. Sin embargo, el expresidente presenta un problema respiratorio identificado como una insuficiencia respiratoria «un poco aguda». Además, señaló que los médicos califican el pronóstico como de estabilidad y adelantó que la hospitalización se mantendrá probablemente hasta el jueves.
Ingresado justo antes de su juicio
El ingreso hospitalario se produce a pocos días de que comience el juicio en la Audiencia Nacional por la causa abierta contra él y varios miembros de su familia, previsto para el próximo 24 de noviembre y su estado de salud había sido valorado para determinar si está en condiciones de asistir a la vista.
Aún se desconoce si Pujol, de 95 años, podrá desplazarse a Madrid o, como solicita su defensa, participará en el proceso mediante videoconferencia desde la capital catalana. Tras los resultados de este examen, el tribunal tendrá que decidir si accede a esa solicitud, debido a su estado de salud.
El proceso, que está previsto que arranque dentro de ocho días, se centrará en las supuestas irregularidades fiscales y patrimoniales de la familia Pujol-Ferrusola. La Fiscalía solicita una pena de hasta nueve años de prisión para el expresidente y pide entre ocho y veintinueve años para sus hijos y para Mercé Gironés, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. En la causa se hallan implicados un total de 17 acusados y están citados 254 testigos.
En 2014 Pujol reconoció que su familia había mantenido una fortuna oculta a Hacienda en Andorra, aunque siempre ha sostenido que el origen de esa fortuna es un legado que el padre del expresidente, Florenci Pujol, dejó a la familia. En cambio, la idea que baraja el juez instructor y la Fiscalía es que el dinero acumulado procede de la corrupción política de quien permaneció en el poder al frente de la Generalitat durante más de una década, concretamente, entre los años 1980 y 2003.
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