La corrupción ha vuelto a irrumpir en la política andaluza en plena precampaña electoral. A menos de ocho meses de las elecciones autonómicas, dos nuevos casos sacuden a los partidos mayoritarios: la detención de dos dirigentes del PP almeriense por presunto fraude en la contratación de mascarillas y un informe de la UCO que señala al secretario de Organización del PSOE por supuestos amaños en obra pública que afectan a proyectos en Sevilla. El bipartidismo afronta una crisis de credibilidad justo cuando Andalucía entra en modo electoral.
El caso de las mascarillas
Esta semana, la Guardia Civil ha detenido a Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en el marco de una investigación por presunto fraude en la contratación de mascarillas durante la pandemia. El vicepresidente de la Diputación también está siendo investigado, aunque no ha sido detenido.
La dirección del PP andaluz actuó de forma inmediata al suspender cautelarmente de militancia a los investigados. Además, dos de ellos, el presidente y el vicepresidente de la Diputación, han dimitido de sus cargos institucionales y orgánicos. Desde el partido se ha reclamado respeto a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.
El informe de la UCO sobre Santos Cerdán
En paralelo, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala el presunto liderazgo de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en una trama de amaños en contratos de obra pública. El documento apunta a varios proyectos en Sevilla, entre ellos la ampliación del puente del V Centenario y el desdoblamiento de la N-IV.
El PSOE andaluz y su secretaria general, María Jesús Montero —quien defendió públicamente a Cerdán antes de su detención— no han realizado declaraciones sobre este escándalo. Desde el partido insisten en que la investigación no afecta ni al Gobierno de España ni a la formación socialista.
La batalla por San Telmo se recrudece: el PP podría perder la mayoría absoluta
A menos de ocho meses de las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026, estos casos de corrupción irrumpen en un momento clave de la precampaña. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero, se enfrentarán en unos comicios marcados por varios frentes abiertos.
Por un lado, el debate sobre la financiación autonómica presiona especialmente a Montero desde su doble responsabilidad como ministra y candidata. Por otro, la polémica sobre los cribados oncológicos ha desgastado al Gobierno del PP andaluz. Mientras tanto, la sombra de los ERE —el gran caso de corrupción que hundió al PSOE andaluz— comienza a desdibujarse del debate político.
El partido de Santiago Abascal aparece como posible beneficiado de esta crisis del bipartidismo. Aunque VOX no cuenta con casos de corrupción —tampoco ha ejercido responsabilidades de gobierno que le expongan a este riesgo—, los últimos datos demoscópicos muestran un ascenso significativo de la formación.
El Barómetro Andaluz elaborado por CENTRA en octubre señalaba la posibilidad de que el PP perdiera su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, con un avance de VOX de entre dos y cuatro diputados. De confirmarse estos pronósticos, la formación ultraconservadora podría convertirse en la llave necesaria para gobernar San Telmo.
La provincia de Almería, foco de tensión
El caso de las mascarillas cobra especial relevancia en Almería, provincia donde VOX mantiene un discurso muy crítico con la gestión de la inmigración irregular. El partido ha centrado parte de su estrategia en esta cuestión, dado que Almería es una de las provincias andaluzas que mayor presión migratoria recibe.
Con el adelanto electoral prácticamente descartado, la batalla política andaluza se intensifica. El PP afronta su mayor crisis de gobierno desde la llegada de Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, presionado simultáneamente por el PSOE desde la izquierda y por VOX desde la derecha.
Mientras los tribunales continúan con la instrucción del caso de las mascarillas en Almería y del denominado ‘caso Cerdán’ en Madrid, la certeza es una: la corrupción vuelve a situarse en el centro del debate político justo cuando Andalucía entra en precampaña electoral.
PP y PSOE intentan contener el deterioro de su credibilidad ante un electorado andaluz que observa con preocupación cómo viejos fantasmas regresan al primer plano. La verdadera batalla de junio no será solo por conquistar San Telmo, sino por demostrar qué formación ofrece respuestas creíbles ante una ciudadanía que exige regeneración democrática y no más crisis institucionales.
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