Apenas 807 de los 6.933 ayuntamientos españoles con competencias estatales participan actualmente en el Sistema VioGén, la herramienta creada en 2007 para evaluar el riesgo de las víctimas de violencia de género y coordinar su protección. Esto significa que solo 12 de cada 100 municipios aportan recursos policiales propios para salvaguardar a estas mujeres. La baja implantación afecta especialmente al medio rural, donde la falta de efectivos y la dispersión territorial dificultan la adhesión.
Prisión provisional para el detenido por el asesinato de su expareja en Rincón de la Victoria
Recursos especializados
VioGén, único en el mundo, analiza el riesgo de las víctimas a través de entrevistas y datos que permiten clasificar cada caso en distintos niveles de peligrosidad. Desde su creación, ha registrado más de 6,5 millones de valoraciones de riesgo y más de 840.000 casos. La Guardia Civil y la Policía Nacional asumen la mayor parte del trabajo, con 22.287 y 6.116 agentes formados respectivamente, según Interior. La Policía Local, con 2.734 agentes con acceso al sistema, es clave en los municipios adscritos, sobre todo en zonas rurales, donde el conocimiento directo del entorno puede resultar determinante.
Según el último informe del Ministerio de Interior, en octubre de 2025 eran 104.770 mujeres registradas en VioGén: 23 en riesgo extremo, 988 en alto, 14.753 en medio, 89.006 en bajo. Pero estas cifras solo reflejan la violencia denunciada: se estima que entre el 80% y el 90% permanece oculta.
Falta de efectivos y dispersión territorial
Entre las razones más habituales para no integrarse en el sistema figuran la falta de personal, la estructura dispersa del territorio y, en algunos casos, la falta de voluntad política. Muchos municipios pequeños carecen de Policía Local, lo que imposibilita la adhesión. El profesor Daniel Terrón Santos señala que la mayoría de estos ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes distribuidos en múltiples núcleos, con plantillas policiales mínimas o inexistentes.
Aun así, hay localidades pequeñas que sí están dentro del sistema, como Potes (Cantabria) o Piedralaves (Ávila), mientras que ciudades mucho más grandes, como Cartagena, Coslada o Vélez-Málaga, permanecen fuera. Tampoco están adheridas siete capitales de provincia: Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Cáceres, Albacete, Toledo, Teruel y Zaragoza.
Razones políticas y negociaciones abiertas
Las motivaciones varían entre municipios. Las Palmas de Gran Canaria asegura que ya cuenta con una unidad especializada que ofrece atención integral y que el convenio actual de VioGén «no encaja» con su modelo, aunque esperan cerrar un acuerdo próximamente. Teruel supedita la adhesión a la ampliación de su plantilla policial, prevista para finales de año.
En Zaragoza, el consistorio apunta a desacuerdos técnicos sobre el nivel de casos que asumiría la Policía Local. El convenio, aseguran, está prácticamente cerrado y contempla hacerse cargo del 10% de los casos de riesgo no apreciado y bajo. Toledo se integró el pasado julio tras años sin avances, un cambio que llegó con un nuevo gobierno municipal PP-Vox.
Un reto estructural que exige voluntad política
Las cifras hablan por sí solas: desde 2003, 1.315 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Pese a los avances, la falta de integración municipal deja importantes brechas de protección. Interior coincide en que el principal obstáculo es el elevado consumo de recursos humanos que exige la operativa del sistema, que no solo afecta a policías locales, sino también a servicios sociales y atención jurídica. Pero las consecuencias recaen sobre las mujeres que lo necesitan: aquellas para las que cada recurso adicional puede marcar la diferencia entre la protección y el riesgo.
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