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La Junta amplía dos años más un programa clave para la inserción laboral de víctimas de violencia de género

La Junta de Andalucía ha confirmado la extensión por dos años más de las unidades provinciales de atención integral y acompañamiento para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género. Esta iniciativa, desarrollada a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), busca facilitar a estas mujeres las herramientas necesarias para alcanzar una independencia económica, considerada esencial para iniciar una nueva vida.

María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, destacó este miércoles la importancia del programa. Aseguró que la ampliación se debe a los “buenos resultados obtenidos”, que han generado un impacto “muy positivo” en las participantes.

Éxito rotundo en la provincia de Córdoba

El balance del programa en Córdoba ha sido especialmente positivo, superando el objetivo inicial de atenciones en un 66%. La previsión inicial era atender a 144 mujeres, cifra que se elevó hasta las 240 finales.

La delegada Gálvez subrayó que este éxito demuestra la necesidad de este tipo de iniciativas, ya que impulsan a las mujeres a desarrollar nuevas competencias, tanto personales como profesionales, y mejoran sus oportunidades de empleo.

Un nuevo contrato para reforzar la atención

Actualmente, cada provincia andaluza cuenta con una de estas unidades. En Córdoba, la entidad encargada de ejecutar el servicio es Inserta Andalucía.

Tras el verano, se puso en marcha un nuevo contrato que garantiza la continuidad de las atenciones. Este nuevo periodo está financiado mediante el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Para los próximos 24 meses, la previsión es prestar atención a un mínimo de 165 mujeres. La delegada informó que, a fecha de hoy, ya se ha atendido a 26 víctimas de violencia de género en la provincia bajo este nuevo contrato.

Apoyo integral para la independencia económica

Desde estas unidades, se ofrece una amplia gama de servicios destinados a reforzar la situación de las mujeres en un colectivo de especial vulnerabilidad. Los servicios incluyen apoyo psicosocial, orientación profesional, formación específica, e intermediación para la búsqueda de empleo.

Además, se realizan labores de captación de ofertas de trabajo y otras acciones de refuerzo consideradas necesarias para la inserción. En esencia, el programa busca que las participantes puedan acceder a un trabajo de calidad que les proporcione la independencia económica casi “indispensable para emprender un nuevo proyecto de vida”, insistió la delegada de Empleo.

Para poder acceder al programa, las mujeres deben estar acreditadas como víctimas de violencia de género e inscritas como demandantes de empleo en el SAE.

Balance de los dos primeros años

Durante el periodo inicial de dos años, las beneficiarias del programa acumularon más de 11.000 horas de servicio en total. Estas horas se distribuyeron en varias áreas clave para su desarrollo:

  • Diagnóstico y Plan de Acción: 960 horas dedicadas a la acogida, evaluación de su situación personal y diseño de un plan de acción integral adaptado a cada caso.

  • Orientación y Apoyo: Más de 1.500 horas de orientación y apoyo psicosocial ligadas directamente a la búsqueda de empleo.

  • Formación: Casi 7.700 horas de formación, con un enfoque importante en reducir la brecha digital, una barrera frecuente para la empleabilidad.

  • Inserción Laboral: Cerca de 1.000 horas enfocadas en acciones directas de inserción en el mercado de trabajo.

Un aspecto destacado del programa es que las beneficiarias contaron con un servicio de transporte y conciliación. Esta medida fue fundamental para asegurar que las mujeres con menores o personas dependientes a su cargo pudieran asistir sin obstáculos a las diversas actividades propuestas.

Las unidades de Atención Integral se pusieron en marcha en marzo de 2022 con un presupuesto de 1,5 millones de euros, en cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017.

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