Las administraciones estatal, autonómica y local han reforzado su coordinación ante eventuales riesgos asociados a las presas de Béznar y Rules, infraestructuras clave para el abastecimiento y la seguridad hídrica en la Costa Tropical.
El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha trasladado un mensaje de “absoluta seguridad”, subrayando que el riesgo de rotura es “prácticamente inexistente”, aunque remarcó la importancia de mantener actualizados los planes de emergencia y la capacidad de respuesta interinstitucional.
Planes de emergencia
Durante la reunión, el delegado insistió en que, pese a que la probabilidad de una rotura es mínima, las administraciones trabajan para estar preparadas ante riesgos extraordinarios como terremotos, fenómenos volcánicos o fallos imprevistos en las infraestructuras.
“Tenemos un plan para hacer frente a peligros derivados de un seísmo, erupción volcánica o cualquier otro riesgo extraordinario, para minimizar hipotéticos daños”, señaló Granados, poniendo en valor la capacidad de anticipación que proporcionan estos protocolos.
Los planes de emergencia de presas son herramientas obligatorias para infraestructuras de esta envergadura y establecen un marco detallado para la gestión del riesgo.
Incluyen, entre otros aspectos la organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de peligro; la coordinación entre administraciones en caso de que se active un nivel de emergencia; los procedimientos de aviso y comunicación a población y servicios de protección; los protocolos de evacuación en los municipios que podrían verse afectados y la definición de zonas inundables y previsiones hidrológicas para distintos escenarios.
Granados remarcó que estos planes “facilitan la puesta en disposición preventiva de los servicios y recursos que hayan de intervenir para la protección de la población”, además de servir para optimizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, por improbable que sea.
En el ámbito de la protección civil, estos instrumentos permiten que los cuerpos responsables, ya sean bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios municipales o equipos técnicos de la Junta, actúen de forma coordinada y siguiendo un mismo esquema operativo. También facilitan el despliegue de medios de emergencia en fases preventivas, sin necesidad de esperar a la declaración formal de un incidente.
Preparación institucional y autoprotección ciudadana
Uno de los componentes clave de estos planes, tal como destacó el delegado del Gobierno andaluz, es que no solo contemplan la organización administrativa y técnica, sino que también ofrecen información esencial para que la población potencialmente afectada pueda adoptar medidas de autoprotección. En caso de activarse una emergencia, la ciudadanía debe conocer las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y las instrucciones de los servicios de seguridad.
Por ello, Granados agradeció expresamente la presencia de Protección Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los Bomberos de la Costa Tropical y de todos los ayuntamientos implicados. La participación de estos colectivos es fundamental para asegurar que la información fluye en sentido descendente y que cualquier eventual aviso pueda trasladarse sin retrasos ni errores.
Los ayuntamientos, por su parte, desempeñan un papel fundamental al ser la administración más cercana a la ciudadanía. Son responsables de activar sirenas, difundir mensajes de alerta, coordinar evacuaciones y facilitar la comunicación directa con los vecinos. La asistencia de sus representantes a este comité técnico demuestra la importancia de mantener actualizado no solo el sistema de vigilancia, sino también el de respuesta social.
Estos trabajos adquieren mayor relevancia en una zona como la Costa Tropical, donde la geografía del valle del Guadalfeo condiciona tanto la extensión de posibles inundaciones como el tiempo de reacción en caso de fallo. De ahí que los planes de emergencia analicen incluso escenarios extremos, aunque su probabilidad real sea mínima.
Granados subrayó que la coordinación entre administraciones no es solo un deber normativo, sino una cuestión de responsabilidad pública: “Lo importante es trasladar un mensaje de seguridad a la población, mostrar que todas las instituciones estamos preparadas y que los protocolos están en marcha y revisados”.
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