La plataforma vecinal Barrios Hartos y las familias residentes en el edificio de la Calle Verdad 54, en el barrio de Palmete, denuncian que el edificio de once viviendas de protección oficial (VPO), con calificación vigente por 30 años, terminó adjudicado a un fondo financiero internacional tras un procedimiento de ejecución hipotecaria que ignoró por completo la carga pública inscrita en el Registro desde 2013.
El inmueble fue adjudicado mediante la parte dispositiva de una sentencia firme de 2019, dictada seis años después de la inscripción de la VPO, a Altamira Santander Real Estate por un importe de 532.117,14 euros. Esta entidad, actualmente gestionada dentro del grupo doValue, adquirió el conjunto residencial por un valor muy inferior al del mercado, mientras que las promociones de VPO se ofrecen hoy a precios superiores a los 300.000 euros por unidad.
Juan García, portavoz de la plataforma Barrios Hartos, se pregunta «cómo una inmobiliaria ligada a un banco se queda con once viviendas de VPO, es decir, teóricamente se tiene que proteger el derecho y cumplir la función social que la ley del 2018 contempla por parte de la vivienda», aseguró.
Once familias afectadas
Las familias, muchas de ellas con menores a cargo y reconocidas como vulnerables, nunca recibieron protección efectiva. La Ley Andaluza de Tanteo y Retracto en Desahucios obligaba a notificar a la Junta de Andalucía la transmisión de un inmueble VPO, algo que no se produjo.
La omisión de esta notificación impidió que la administración pudiera ejercer su derecho preferente de compra y evitar así la operación especulativa. «A las familias no nos están protegiendo», declaró Lorena Barrero, portavoz de las familias afectadas.
Desde Barrios Hartos señalan que la administración está centrando sus esfuerzos en proporcionar ‘alternativas habitacionales’ a las familias, una estrategia que consideran funcional a los intereses del fondo, que necesita vaciar el edificio para disponer libremente de él. Las familias insisten en que no requieren alternativas: ya residen legalmente en viviendas protegidas y exigen que la Junta actúe para recuperar el inmueble para el parque público.
«Lo que exigimos a la Junta es que ejerza el retracto y detenga una operación especulativa contraria a la función social de las viviendas protegidas», explicó el Portavoz de Barrios Hartos.
La Plataforma reclama la intervención inmediata de la administración autonómica, la revisión completa del procedimiento de adjudicación y la garantía del derecho de las once familias incluidos los nueve menores a permanecer en sus hogares. «Las VPO no pueden ser botín para fondos internacionales», concluyen.
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