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Córdoba aumenta su apoyo a la Iglesia: más de 173.000 contribuyentes marcaron la casilla en la Renta 2025

El apoyo de los contribuyentes cordobeses a la labor de la Iglesia Católica ha crecido durante el último ejercicio fiscal. Según los datos facilitados este jueves por el Obispado de Córdoba, referentes a la campaña de la Renta de 2025 (correspondiente al IRPF de 2024), un total de 173.061 declaraciones incluyeron la asignación a favor de la institución religiosa.

Esta cifra representa un incremento significativo respecto al año anterior, con 2.834 declarantes más que en la campaña previa. Este gesto de los contribuyentes se traduce en una recaudación total en la provincia de 6.135.337 euros, consolidando a Córdoba como uno de los territorios con mayor fidelidad a esta opción tributaria.

Por encima de la media nacional

Para entender la magnitud de estas cifras, es necesario ponerlas en contexto. En Córdoba, el porcentaje de declaraciones que marcan la casilla de la Iglesia alcanza el 41,57% del total. Este dato sitúa a la provincia muy por encima de la media de toda España, que se queda en un 30,43%, e incluso supera notablemente la media de Andalucía, establecida en un 37,51%.

Desde la Diócesis cordobesa interpretan estos resultados como una demostración de que «los cordobeses continúan confiando en la labor de la Iglesia». Sin embargo, el impacto de este dinero va más allá de las fronteras provinciales debido al funcionamiento del sistema de reparto de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Solidaridad interdiocesana: ¿A dónde va el dinero?

Un dato relevante que a menudo pasa desapercibido es que la recaudación obtenida directamente en Córdoba es superior a la cantidad que finalmente recibe la Diócesis para su funcionamiento. Esto se debe al Fondo Común Interdiocesano, un mecanismo de solidaridad financiera gestionado por la CEE.

Este fondo funciona como una «caja común»: recoge el dinero de todas las diócesis y lo redistribuye según las necesidades. Gracias a aportaciones excedentes como la de Córdoba, la Iglesia puede financiar adecuadamente a diócesis con menor población o con menos recursos económicos, especialmente aquellas situadas en zonas afectadas por la despoblación, la denominada «España vaciada».

Panorama nacional: más recaudación, pero más indecisos

A nivel estatal, la Conferencia Episcopal recibió los datos provisionales el pasado 3 de diciembre. Las cifras muestran una tendencia positiva en términos absolutos: el número de declaraciones a favor de la Iglesia fue de 7.946.347, lo que supone un aumento de 106.363 respecto a 2023.

En términos económicos, esto se traduce en una asignación total de 429.335.080 euros, registrando un incremento del 12% (casi 47 millones de euros más) en relación al ejercicio anterior. Si se tienen en cuenta las declaraciones conjuntas (donde firman dos personas), la CEE estima que son más de nueve millones de contribuyentes los que respaldan su labor.

Para agradecer este apoyo, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha lanzado la campaña ‘Más de 9 millones de gracias’, cuyos detalles están disponibles en el portal web Xtantos.

No obstante, el análisis de los datos revela un fenómeno curioso. Aunque hay más dinero y más declaraciones a favor de la Iglesia, el porcentaje total de contribuyentes que eligen esta opción ha sufrido un leve descenso del 0,34%. La CEE atribuye esto al aumento de las personas que no marcan ninguna casilla (ni Iglesia ni Fines Sociales), un grupo que ha crecido un 1,09% y ya roza el 40% del total de declarantes.

El mapa de la solidaridad en España

El comportamiento de los contribuyentes varía notablemente según la geografía. El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas, con especial fuerza en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

En cuanto al porcentaje de población que apoya a la Iglesia en su declaración, Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional con un 42,6%, seguida muy de cerca por Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%) y Murcia (41,3%). En el extremo opuesto, las comunidades con menor porcentaje de asignación son Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

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