Los órganos judiciales de la provincia de Granada acumulan retrasos de más de dos años y la abogacía granadina ha denunciado esta situación de colapso y las consecuencias que conlleva tanto para el colectivo profesional como para la ciudadanía. En la sede del Colegio de Abogados de Granada se ha pretendido visibilizar esta reivindicación con la colocación de una pancarta en la fachada en la que se ve un reloj roto parada con la leyenda “el reloj parado de la justicia”, como ha explicado Leandro Cabrera, el decano del Colegio de Abogados de Granada, quien ha señalado que se están fijando señalamientos incluso hasta mediados de 2028.
“Queremos llamar la atención de la sociedad y de las autoridades competentes para que ese reloj que está parado sea capaz de ser un reloj nuevo, andando, porque necesitamos denunciar el retraso sistémico de la justicia y de la tramitación de los propios procedimientos. Ese es el motivo de llamar la atención sobre esto”, ha señalado.
Los procedimientos que hay ahora mismo en trámite en Granada tardarían “aproximadamente dos años en resolverse”, ya que son “más de 150,000 los que entran al año”, según ha indicado el decano del Colegio de Abogados. “Si a eso unimos que, lógicamente, siguen entrando procedimientos de los juzgados, realmente es imposible que esto mejore si no hay una dotación económica importante por parte de las Administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia”, ha añadido.
Cabrera ha pedido que se dote a la Justicia “de más personal” y que “si no hay más jueces, haya más medios informáticos que puedan solventar de alguna manera o agilizar la tramitación de los procedimientos”.
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“Sabemos que los jueces están saturados. Se están señalando juicios para mayo del año 2028, muchos ya para octubre y noviembre de 2027. Estamos hablando de dos y casi tres años de retraso en lo que es simplemente señalar la celebración de un juicio. Eso perjudica, desde luego, a los ciudadanos, que son los primeros que sufren ese deterioro y ese retraso de la justicia, pero también a los propios abogados. Lógicamente, nosotros trabajamos y cobramos cuando se termina el procedimiento”, ha explicado.
También ha solicitado que un aumento del presupuesto de la Junta de Andalucía para la Consejería de Justicia, ya que es la décima de todas las consejerías en dotación económica. “Solicitamos más medios y más jueces, porque, al final, los jueces son los que tienen que resolver y dictar la sentencia. Y programas informáticos importantes, porque están fallando”, ha señalado.
La Ley de Eficiencia Procesal «empeorará la situación»
Y las previsiones no son buenas para la Abogacía granadina ya que consideran que la entrada en vigor del nuevo modelo judicial implantado por la Ley de Eficiencia Procesal empeorará la situación en los próximos años. “Será un verdadero caos. Los juzgados no están preparados, ni siquiera físicamente. Estamos muy preocupados porque va a haber un parón importante. Las demandas que se presenten ahora o a partir del 1 de enero no se van a incoar, no se van a tramitar, van a estar ahí en stand-by hasta que medio se sepa cómo se va a funcionar”, ha indicado.
Cabrera ha explicado que el ministro de Justicia ha citado el día 22 a todos los operadores jurídicos “para discutir precisamente la nueva Ley de Eficiencia, porque no solo es Granada, es un problema a nivel nacional”. Considera que se ha hecho la ley “sin contar con los operadores jurídicos” y “desde los despachos”. “Se ha hecho pronto y mal. Es una mala ley, con una técnica legislativa muy mala, y han querido pretender cambiar un sistema de 150 años en 11 meses.Y eso me temo que va a generar mucho más retraso del que hasta ahora tenemos”, ha añadido.
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