Ocho personas han sido detenidas este lunes en Sevilla tras la desarticulación de una organización criminal de carácter internacional presuntamente dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, ha permitido arrestar a los principales responsables de un entramado que habría facilitado la entrada irregular en el país de al menos 22 ciudadanos colombianos.
Según ha informado el Cuerpo en una nota, la red captaba a mujeres y hombres en situación de extrema necesidad en Colombia y les ofrecía un denominado “pack de viaje” para llegar a España, lo que implicaba contraer una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros. Las víctimas viajaban haciéndose pasar por turistas, con instrucciones precisas para superar los controles fronterizos y con dinero en efectivo que debían devolver nada más llegar.
La investigación se inició a partir del análisis de información obtenida en una operación policial llevada a cabo en 2024 contra una red dedicada a la trata de seres humanos. A raíz de esas pesquisas, los agentes detectaron la existencia de otra organización perfectamente estructurada y asentada en Sevilla, especializada en el traslado irregular de ciudadanos colombianos.
Captación en Colombia
El entramado operaba tanto en España como en el país de origen de las víctimas. En Colombia contaba con miembros encargados de la captación, que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas ofreciéndoles la posibilidad de trabajar en España, principalmente en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración.
Una vez en territorio español, la organización actuaba como una falsa agencia de colocación, buscando empleo para las víctimas en la provincia de Sevilla, en el ámbito asistencial, o en la provincia de Cádiz, en establecimientos de restauración. En algunos casos, los explotadores facilitaban documentación ajena, perteneciente a personas regularizadas o vinculadas a la red, para permitir altas laborales irregulares, a cambio de 200 euros mensuales.
Además, los titulares reales de esa documentación se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas. Cuando las víctimas no podían afrontar los pagos de la deuda contraída, la organización recurría a amenazas contra sus familiares en Colombia, lo que obligó a varias familias a abandonar sus viviendas y cambiar de ciudad para evitar represalias.
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